LA Comisión del Pacto de Toledo logró ayer alcanzar un consenso mayoritario entre los partidos políticos que responde al guante lanzado por los pensionistas y recogido por algunos de esos partidos pero que ha obligado a casi dos años de negociaciones. Las pensiones se han visto sometidas a la pérdida objetiva de la capacidad de compra de un amplio colectivo social desde la implantación del sistema de cálculo impuesto por el PP, cuyo Índice de Revalorización ha condenado en los últimos años a un denostado y objetivamente insuficiente 0,25%. La recuperación de la referencia al IPC en este y el próximo año fue, precisamente, la exigencia introducida por el PNV al anterior gobierno de Rajoy para aprobar sus presupuestos este año y dar margen al posterior acuerdo que ahora se ha alcanzado. Esta victoria, que indudablemente es de las propias jubiladas y jubilados y de los partidos que siempre rechazaron la reforma ahora superada, responde a una obligación moral para con ellos pero también exige encarar la necesidad de dar viabilidad al sistema. Los hechos cuestionan la supervivencia del mismo más allá de una década, con la persistencia de la presión que ejerce sobre él el peso demográfico del llamado baby-boom. La aportación del presupuesto es una opción coyuntural pero exige que el rescate de la Seguridad Social por medio de las cuentas públicas se ajuste a un esquema equilibrado y estable. La política fiscal que debe dotar de recursos al sistema también exige una revisión global de los equilibrios del mismo. No se pueden sostener simultáneamente una estrategia de incentivación del empleo abaratando las cotizaciones y otra de animar la economía mediante la rebaja fiscal. Las cuentas no dan para todo mientras todo el sistema dependa del embudo de la Seguridad Social. El nuevo equilibrio requiere de abandonar dogmatismos en todos los sentidos. Ni la economía va a resistir la presión de las pensiones si no se incentiva su crecimiento, ni este puede justificar sine die un abaratamiento de la presión fiscal hasta límites insolidarios. De igual modo, las pensiones no son cuestión de sacralizar eslóganes sobre su cuantía mínima ni de demonizar fórmulas complementarias. No es cuestionable la necesidad de un sistema público de pensiones suficiente y digno, como no debería serlo la búsqueda de vías complementarias donde sea posible.