LA comparecencia ayer de la secretaria general del PP y ministra de Defensa del Gobierno español, María Dolores de Cospedal, ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la supuesta financiación ilegal de la formación popular fue una intolerable muestra de prepotencia, de desprecio por la labor fiscalizadora de los órganos de la representación popular democrática y un insólito cuestionamiento por parte de un altísimo cargo gubernamental de una sentencia judicial. De manera deliberada, Cospedal abordó su testimonio ante la comisión como un nuevo intento de lavado de imagen de un partido que acaba de ser condenado por la Audiencia Nacional como beneficiario a título lucrativo de unas gravísimas y probadas actuaciones de corrupción. Para ello, no tuvo empacho alguno en desairar y deslegitimar a los jueces que han tomado la decisión al afirmar de manera rotunda que la sentencia condenatoria utiliza un “argumento muy poco jurídico y muy tendencioso” en la apreciación contenida en el fallo respecto a la falta de credibilidad del testimonio que ofreció Mariano Rajoy como testigo durante la vista oral del caso Gürtel. La conducta de Cospedal -que en ocasiones rozó la actitud chulesca- rompe, así, con el supuesto respeto con el que el Gobierno español y el PP dicen acoger las sentencias judiciales -“el Gobierno no hace valoraciones sobre fallos judiciales, las sentencias se cumplen”- y la exigencia de que no se critique a los jueces y, por el contrario, entra de lleno a cuestionar la división de poderes en un sistema democrático. Cospedal, además de dirigente del PP, es ministra y sus palabras en sede parlamentaria no son de recibo ni tolerables. Y lo más grave de todo es que llueve sobre mojado. Esta posición refleja a las claras la estrategia de huida hacia delante adoptada por el PP ante las graves constataciones -léase hechos probados- y acusaciones de corrupción. La propia Cospedal ya había advertido que acudiría a la Comisión a “defender la honorabilidad del PP”. Pero su deber era y es otro. Primero, era evitar casos como los que han tenido lugar y asegurar una financiación sin tacha del partido. Y después, colaborar para el pleno esclarecimiento de los hechos. Un ejemplo más -que, por otro lado, es común a la gran mayoría de los partidos- de que la necesaria regeneración democrática en el Estado español está aún muy lejos.