LA apertura por la Justicia alemana del proceso para la posible extradición de Carles Puigdemont tras su arresto el domingo, la decisión de la Fiscalía belga de dejar en libertad a Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret tras recibir la euroorden cursada por el Tribunal Supremo y la decisión de Clara Ponsatí de entregarse a la Policía escocesa para que se dé inicio al proceso judicial sobre la misma presentan un aspecto particular en cuanto a lo que suponen para el futuro inmediato del conflicto catalán, pero también una interpelación general a toda la Unión Europea sobre la profundidad de su democracia y el respeto a los derechos civiles y políticos en su seno. En ese sentido, la reactivación de la Orden Europea de Detención y su concreción en el caso de Puigdemont puede suponer en el corto plazo para el Gobierno Rajoy y el PP un activo político interno en un Estado español en el que la intransigencia ante las reclamaciones de autogobierno se han venido contabilizando electoralmente. Ahora bien, únicamente encona el conflicto y dificulta su resolución, como se deduce de las reacciones de la sociedad, instituciones y partidos catalanes. Y aun en el caso de que el PP lo considere y utilice de antídoto al continuo desgaste que la corrupción y el incremento de la precariedad laboral y social le producen, ha logrado lo que los políticos soberanistas catalanes que eligieron el exilio siempre han dicho pretender: la internacionalización de las reclamaciones catalanas, su proyección ante la opinión pública europea y la intervención de las instituciones de los estados miembro y la propia Unión Europea en su resolución; también a más largo plazo la de la ONU que, en un proceder habitual pero que incluye una advertencia al Estado, ha admitido a trámite las denuncias de Jordi Sànchez y Puigdemont por vulneración de sus derechos civiles y políticos. Porque los dictámenes de la Justicia alemana, los tribunales escoceses respecto a Ponsatí o quizá en su día los de jueces belgas y suizos sobre el resto de políticos soberanistas sumarán o restarán base a las dudas -ya expuestas por juristas españoles- sobre las acusaciones en una suerte de examen del, cuando menos cuestionable, proceder de los poderes ejecutivo y judicial del Estado español, cuya falta de respeto a los derechos fundamentales ya ha sido puesta en evidencia por las instancias de justicia europeas en otros casos.
