EL auto con el que el juez Pablo Ruz cierra la instrucción de la pieza separada sobre la Trama Gürtel entre 1999 y 2005, en el que propone abrir juicio oral a 43 imputados -entre ellos los ex tesoreros del PP Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas- y juzgar como responsable civil a título lucrativo a la ya exministra de Sanidad, Ana Mato, vuelve a evidenciar la inoperancia de Mariano Rajoy, si no algo más grave, en relación a los graves casos de corrupción que han afectado a su partido. Basta, para considerarlo así, un repaso a la nómina de imputados y su pertenencia o relación directa con la cúpula del Partido Popular en los últimos tres lustros y a la larga lista de delitos -prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude...- de los que se les acusa. Por si no fuese suficiente, el auto de 250 folios presenta un párrafo meridiano que señala al PP como beneficiario económico de la actividad delictiva de la trama al constatar la existencia “nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial” que el PP destinó “al pago de gastos generados en campañas electorales, complementos de sueldos de diversas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político”. En otras palabras, aunque Ruz no llegue a usar la expresión, a una financiación irregular del PP durante un extenso periodo en el que Mariano Rajoy fue miembro de la Ejecutiva Nacional y vicesecretario general del PP, además de máximo responsable de las campañas electorales de 1996 y 2000, antes de ser designado por José Mª Aznar para secretario general en setiembre de 2003. En definitiva, el auto del juez Ruz no solo señala a la ministra dimitida sino que al hacerlo apunta directamente al propio presidente del Gobierno español y del Partido Popular de un modo que no se ve compensado por la liquidación de Mato. Y lo hace más allá de las reticencias de Rajoy a tomar, a regañadientes, otras medidas respecto a los imputados directos de la Trama Gürtel; más allá incluso de su inoperancia en aprobar medidas frente a la corrupción y la Ley Orgánica de Control de la Actividad Financiera de los Partidos Políticos, anunciada en febrero de 2103 y en las Cortes desde febrero de este año. Se trata de su implicación directa en responsabilidades ejecutivas en el PP mientras se desarrollaron los hechos que han motivado la acusación de once delitos.
