nUESTROS electores están desamparados. Lo que nos están diciendo con su silencio o con su cólera es que el realismo no puede ser sinónimo de renuncia”. Con estas palabras comunicaba ayer la ministra francesa de Justicia su decisión de no volver a formar parte del Gobierno socialista, después de que el primer ministro, Manuel Valls, presentara a Hollande la dimisión de todo su ejecutivo como única forma de atajar las críticas que algunos de sus ministros habían hecho contra la política económica del tándem Hollande-Vals. El país galo se encuentra en una situación delicada, sometido, por un lado, a los compromisos que su Gobierno ha adquirido con Merkel para ajustar las cuentas públicas en 50.000 millones y pendiente, por otro, del estancamiento de su economía y del malestar creciente de sus ciudadanos, que se resisten a someterse a las políticas dictadas en nombre de la austeridad. La llegada de Hollande a la Presidencia en 2012 fue posible gracias al apoyo de una mayoría absoluta de franceses que vieron en su discurso una vía alternativa a las políticas de ajuste dictadas. Sus propuestas se convirtieron, por el mismo motivo, en un referente para el movimiento socialista europeo, que confió en que el Gobierno galo diera con una forma diferente de abordar el problema. Dos años más tarde, sin embargo, el socialismo francés se encuentra paralizado, sin alternativa a las políticas de austeridad y sometido a un debate interno interminable sobre el modelo económico a impulsar. Al tiempo, sus líderes Hollande y Valls asisten a una pérdida de popularidad sin precedentes y deben lidiar también con el rechazo cada vez más sonoro de los electores, militantes, diputados y ministros a las medidas económicas que anuncian. Lamentablemente es una situación muy parecida a la que hemos visto en otros países europeos, donde el neoliberalismo imperante ha terminado por imponer sus tesis y aplicar sus recetas de austeridad, con el consiguiente adelgazamiento del Estado del Bienestar, la progresiva pérdida de derechos y de poder adquisitivo para sus ciudadanos y una liberalización incesante de los sistemas públicos. Estas políticas “realistas”, además siguen sin mostrarse eficaces para asegurar un crecimiento sostenido de la economía y la creación de empleo. ¿Habrá alternativa?