LA reunión ayer, con la presidencia del lehendakari Iñigo Urkullu, del Consejo Municipal de Euskadi, en su tercera cita desde que el lehendakari José Antonio Ardanza creara dicho órgano en 1994, devuelve al primer plano uno de los escasos aspectos que el entramado institucional y el autogobierno vascos mantienen pendientes más de tres décadas después de la aprobación del Estatuto de Gernika y superado el cuarto de siglo desde la de la Ley de Territorios Históricos (LTH): la Ley Municipal Vasca, que se ha venido posponiendo desde que el Gobierno del lehendakari Ibarretxe de la octava legislatura (2005-2008) remitiera al Parlamento Vasco un primer proyecto. La necesidad, reconocida por la absoluta mayoría de las formaciones políticas, de regular las relaciones entre el ámbito municipal y los otros dos niveles institucionales, el foral y el autonómico, de nuestro país así como los límites de las mismas, no solo en cuanto a fiscalidad o financiación, surge tanto por la existencia de la legislación básica estatal al respecto como de la propia ausencia de una normativa autonómica más allá de las normas forales que regulan materias relacionadas con lo local. Y, en consecuencia, del riesgo de que la primera se superponga a la segunda, que se ha hecho evidente en la necesidad de que el PNV en el Congreso lograra incluir una salvedad de la especificidad foral en la nueva Ley de Reforma de la Administración Local que el Gobierno Rajoy aprobó a final del pasado año para modificar la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, minimizando los posibles efectos de la reforma en los municipios vascos. Pero no es esa salvaguarda de los principios básicos que desde el autogobierno foral regulan las actuaciones de los ayuntamientos vascos el único motivo que impulsa la exigencia de una Ley Municipal Vasca. También es preciso adecuar a las necesidades actuales, desde los criterios de sostenibilidad y subsidiariedad, la estructura institucional de Euskadi y el sistema de relaciones entre sus diferentes niveles, tanto en cuanto a sus ámbitos de actuación como en el aspecto financiero, lo que además de garantizar la calidad de los servicios públicos locales debería evitar -o en su defecto ordenar- lo que hasta ahora ha venido siendo la asunción por los municipios de servicios que exceden sus competencias.