LAS imágenes de la Guardia Civil registrando la sede del PP durante catorce horas por los cada más evidentes indicios de corrupción, financiación ilegal, sobresueldos opacos y contabilidad ficticia representan la penosa realidad política actual del Gobierno de Rajoy en el ecuador de su mandato. ¿Es siquiera imaginable una situación similar en cualquier otro estado de la UE sin que ninguno de los responsables del partido que sostiene el Gobierno hubiese comparecido públicamente para ofrecer una mínima explicación? Evidentemente, no. Ante ello, la pobre y absurda respuesta de Rajoy tras participar en una reunión del Consejo de Europa limitándose a afirmar que están muy tranquilos solo ahonda en su descrédito político y en la pérdida de credibilidad internacional e interna de su Gobierno y de la ya muy deteriorada marca España. La deriva del PP presenta ya síntomas preocupantes desde el punto de vista de los fundamentos de una democracia avanzada en Europa: en primer lugar, una acción de gobierno dirigida a instaurar un régimen político de corte autoritario, con una sucesión de leyes y decretos que han minimizado, cuando no eliminado, importantes derechos sociales, civiles, políticos y laborales. En segundo término, una política ultrarreaccionaria que intenta imponer la moral privada de una minoría, en este caso de apariencia religiosa, como base de una ética de los derechos y del comportamiento públicos, y la vergonzante nueva ley del aborto presentada por Gallardón, con un claro contenido predemocrático y de devaluación de las mujeres, es el último ejemplo. En tercer lugar, una sumisión permanente de los intereses generales a los intereses privados de la banca y de las grandes empresas -el escándalo de la subida de la luz es otra prueba evidente-. Y por último, junto a la cada vez más alargada sombra de la corrupción de los casos Gürtel y Bárcenas que afectan a decenas de dirigentes y cargos del PP, una ideología extremista de derechas con el objetivo prioritario de una recentralización del Estado que no repara en medios para azuzar los enfrentamientos territoriales. La amarga guinda a este incomible pastel lo constituye el bloqueo absoluto del proceso de paz y normalización de Euskadi tras silenciar ETA sus armas para siempre, además con el inconfundible aroma de la venganza en su enmendada por Europa política penitenciaria.