EL quebrantamiento de las promesas del Gobierno que preside Mariano Rajoy y la ausencia de palabra de su ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, evidentes tras la confirmación por este de la subida en enero del recibo de la electricidad que había negado reiteradamente desde hace dos meses; traslada de nuevo al ya muy mermado bolsillo del ciudadano el fracaso de las políticas energéticas de los sucesivos gobiernos españoles. Un fracaso histórico, cuyas raíces se hunden en el desarrollismo franquista, pero aún más evidente desde que el año 2000 el gobierno de José María Aznar tomara la decisión de no incrementar el precio de la tarifa eléctrica, generando la deuda que el Estado ve ahora imposible seguir pagando a las compañías eléctricas debido a las medidas antidéficit a que le obliga la Unión Europea. Esto es, el continuo aumento del precio de la electricidad, que para los 22 millones de consumidores de energía eléctrica del Estado ha sido de más del 60% desde 2008, no es sino un modo de compensar la deuda con las eléctricas trasladándola al contribuyente, quien sin embargo sigue abonando los impuestos -también incrementados, por cierto- con que esta debía ser satisfecha. Así, desde que Mariano Rajo asumió la presidencia del Gobierno español en diciembre de 2011, el consumidor verá incrementarse el recibo de la luz por octava vez -en 2012 en abril (4%), julio (7%) y setiembre (el 3% del IVA) y este año en enero (3%), julio (1,2%), agosto (3,2%) y octubre (3,1%)- tanto en la parte regulada del recibo como en el precio de mercado de la electricidad, sextuplicando el encarecimiento que la energía eléctrica ha experimentado en la zona euro en la última década hasta convertirla en la tercera más cara de Europa. Y sin embargo y pese a todo no logrará compensar la deuda que el Estado tiene comprometida con las eléctricas hasta 2025. Así, la de enero no será la última subida del precio de la energía eléctrica, sino solo la primera del año sea cual sea el porcentaje en que se incremente hoy tras la subasta y sean cuales sean las declaraciones de los responsables gubernamentales al respecto, con la consiguiente incidencia en las economías familiares y en las pequeñas y medianas empresas, lastrando al mismo tiempo la confianza y el consumo y la competitividad industrial.