EL anteproyecto de ley de Presupuestos generales de Euskadi para 2013 presentado ayer en primera persona por el lehendakari Iñigo Urkullu no es sino la interpretación de las previsiones económicas para el presente ejercicio. Y como toda interpretación puede lógicamente considerarse afectada de subjetividad. En este caso, sin embargo, la situación económica en la que se enmarcan y a la que deben hacer frente parece limitar esa subjetividad que, en todo caso, podría referirse a aspectos tangenciales o secundarios y no a la base sustancial de las Cuentas, definida por el imperativo de las necesidades que soporta y encara nuestro país y que, según ha definido el propio Urkullu, obligan a conformar "los presupuestos más duros de los últimos treinta años". Se trata, en realidad, del resultado lógico de la ecuación que conjuga una menor disponibilidad y una mayor exigencia. Los 9.316 millones de euros de que dispone el Gobierno (-10,8% de capacidad de gasto, 1.132 millones menos que en 2012, pero también menos que en 2011 o 2010) son la suma de una caída de la recaudación que se prevé de 680 millones, una reducción en el capítulo del resto de ingresos de 117 millones y una capacidad de déficit limitada (del 1,5% del PIB en 2012 al 0,7% en 2013) en 335 millones por la nueva normativa europea y estatal. Sin necesidad de realizar revisiones críticas de ejercicios anteriores -y las correspondientes partidas de amortización de los 6.580 millones de deuda acumulada o los 3.404 millones de gasto comprometido para este (1.526) y otros ejercicios- es lo que Euskadi se puede permitir gastar durante un año en el que además no se prevé que llegue la tan ansiada recuperación económica y, por tanto, las exigencias del gasto social serán similares a las actuales cuando no crecientes. En ese marco, el mantenimiento del empleo público; que el capítulo dedicado a servicios esenciales logre un incremento porcentual del 1,2% respecto al ejercicio anterior; o que los tres departamentos más sociales -Educación (35%), Salud (28,2%) y Empleo (8,5%)- sumen el 71,7% del presupuesto conlleva la exigencia de contención en inversiones e incluso la revisión de algunas previstas porque, más allá de la subjetividad de quien presenta las cuentas -o la de quien pretenda enmendarlas- lo imprescindible condiciona lo importante.