lA declaración institucional aprobada por el Parlamento de Navarra por la mayoría política de la Cámara Foral, que representa la voluntad democrática de los navarros y navarras expresada en las urnas, exigiendo a la presidenta Yolanda Barcina que se vaya, evidencia de nuevo la falta de apoyo parlamentario suficiente del actual Gobierno de UPN y hace insostenible su continuidad. No se puede olvidar que el modelo democrático de Navarra recogido en el Amejoramiento se basa en el sistema parlamentario y en este contexto es la Cámara la que elige, con la necesidad de una mayoría política en el Legislativo, al jefe del Gobierno. Es legítimo e imprescindible desde el punto de vista democrático y de la ética política que Barcina asuma de una vez por todas que no tiene la confianza de una mayoría parlamentaria suficiente -ni, por derivación, de la sociedad navarra- para seguir gobernando. En realidad, esa situación no es nueva y solo se ha prolongado en esta deriva agónica de meses por la negativa de Barcina y su equipo más cercano en el Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Pero ahora es aún más obvia tras ser desvelado el escandaloso sistema de cobro de dietas de la Permanente de Caja de Navarra así como de empresas públicas sin siquiera acudir a las reuniones por parte de la propia Yolanda Barcina, de su antecesor en la presidencia, Miguel Sanz; del vicepresidente Álvaro Miranda y del alcalde de Iruñea, Enrique Maya; es decir, de toda la cúpula institucional de UPN. Si a ello se añade la creciente confrontación interna en el seno de UPN, que extiende la idea de que sus posibles irregularidades se han extendido también a otros dirigentes de su partido, se antoja de todo punto inútil y fuera de lugar la resistencia numantina y personalista de la presidenta a asumir sus responsabilidades políticas por actos cuando menos inapropiados desde el punto de vista de la ética democrática. Si Barcina, que da tumbos mediáticos de error en error en un cúmulo de despropósitos personales y políticos cada vez más difíciles de justificar, está convencida de la potencialidad de sus argumentos y valía política, la única decisión legítima y posible es dimitir y someterse a la expresión en las urnas de la voluntad democrática de la sociedad navarra sobre su gestión y sus andanzas en el Gobierno de Navarra. Todo lo demás supone un ejercicio desesperado, el de negarse a reconocer que su paso por la política navarra ha llegado a su final definitivo.