LOS resultados del Sociómetro realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco en los primeros siete días del pasado mes de febrero dibujan una sociedad que bascula entre la extendida preocupación por una crisis económica multiplicadora del desempleo y que ha reducido el poder adquisitivo de seis de cada diez ciudadanos en el último año y el aferrarse de estos a la confianza en quienes desde el gobierno deben gestionar una situación que se entiende harto complicada. En ese sentido, la encuesta parece reflejar que en la sociedad vasca existen las dosis suficientes del realismo que el lehendakari Iñigo Urkullu solicitó solo hace unos días al país. Y quizás por ello mismo y en contraste deja implícito un cierto cuestionamiento de las actitudes que no contribuyen a la mejor administración posible de los recursos. El hecho de que el Gobierno actual alcance un aprobado, raspado pero aprobado al fin y al cabo, y que el propio Iñigo Urkullu haya mejorado su valoración respecto a los meses anteriores a su toma de posesión y alcance un 5,1 de nota con la aprobación del 54% de los encuestados -algo inédito en las últimos trabajos sociológicos realizados en Euskadi- mientras el resto de los líderes políticos suspende, tal y como ha venido ocurriendo desde 2008, parece exigir a estos el mismo grado de realismo que la sociedad pretende aportar. No en vano, al mismo tiempo que renueva el voto de confianza que depositó en las elecciones sobre el PNV, una nítida mayoría de la ciudadanía vasca es rotunda a la hora de definir sus prioridades y, por tanto, las que deben regir la gestión del Ejecutivo que preside Urkullu. Junto a la preocupación por el empleo, que ha alcanzado su máximo histórico desde el inicio de los sociómetros en 1995, y la necesidad de implantar políticas para su promoción, los porcentajes son concluyentes respecto al mantenimiento de la inversión en Sanidad (79% de los encuestados considera que no debe reducirse bajo ningún concepto) y Educación (66%), amenazadas por la crisis y condicionadas por la legislación vía decreto facturada por el Gobierno del Estado. Y no es de extrañar, por tanto, que la percepción social coincida en que un mayor grado de autogobierno, de autogestión en fin, iría en beneficio de la economía y el bienestar de los vascos.
