EL conflicto que enfrenta a los camioneros con las empresas de transporte que operan en el Puerto de Bilbao entra hoy en su tercera semana de huelga indefinida. Un paro que, por sus propias características, el entorno en el que se produce -la puerta de entrada de mercancías y materias primas a Euskadi- y el delicado momento que atraviesa la economía vasca en general ante la gravedad de la crisis, está causando serios perjuicios económicos y de imagen y amenaza con resultar letal para muchas compañías e incluso para el propio Puerto. Ya en la primera semana de huelga la Autoridad Portuaria cifró en 12 millones de euros las pérdidas generadas por el paro. La actividad en el Puerto ha estado históricamente sometida a pulsos y conflictos de especial crudeza y que, en muchos casos, escapan a los parámetros habituales o conocidos y regulados por las relaciones laborales al uso. El de Bilbao, en concreto, tuvo hace pocos años un episodio especialmente oscuro, con varias detenciones de empresarios y sindicalistas y graves acusaciones de por medio por prácticas que vulneraban la libre competencia y rozaban los métodos mafiosos. En esta ocasión, los camioneros -cuyo número supera los 800- exigen un acuerdo de interés profesional, que es una figura relativamente extendida en el sector, mediante el que contarían con ciertas garantías de condiciones de regulación de su trabajo pero también de exclusividad para operar en el Puerto, lo que vulneraría la libre competencia al impedir la contratación de personal ajeno al grupo de transportistas estable del puerto. Ahí estaría, según parece, la línea roja que impide el acuerdo. A diferencia de los días anteriores, donde las posiciones estaban absolutamente enfrentadas y sin posibilidad de diálogo, esta tercera semana de huelga se abre con ciertos visos de posible solución. La clave está en la decisión que puedan adoptar hoy la Autoridad Portuaria -que podría incluir sanciones para los huelguistas- y la Comisión Nacional de la Competencia, que evaluará la propuesta de los transportistas, lo que permitirá conocer si realmente vulnera la ley. Resolver este conflicto debe ser prioritario para las partes y para el Puerto porque el perjuicio de su mantenimiento alcanza a toda la sociedad.