EL triunfo del Parti Québécois en las elecciones legislativas de Quebec, tras dos legislaturas de gobierno liberal, pero sobre todo la notable mayoría en cuanto a porcentaje de sufragios y en el legislativo de Quebec de las fuerzas que optan por un incremento del autogobierno del territorio francófono supone la confirmación de una tendencia política global que sitúa la defensa de la identidad propia -en su más amplia acepción, desde la ideología soberanista al énfasis de la especificidad socio-cultural- y la cercanía en la gestión como claves políticas de futuro ante el desconcierto de las estructuras estatales en la protección de los derechos y servicios al ciudadano dentro de la inestable homogenización global. Lo sucedido en Quebec no es un suceso aislado o en su defecto un fenómeno cíclico de la política interna canadiense -como se puede pretender desde ciertas cerradas ópticas estatales-, sino el efecto de esa tendencia en una nación con vocación histórica de obtener el reconocimiento de su derecho a la igualdad y la no subordinación a otra en el concierto internacional. No es casualidad que haya sido precisamente Quebec, la nación sin Estado que más cerca ha estado de satisfacer esa vocación y con una legislación más abierta a dicho objetivo, la que en primer lugar ha traducido esa inquietud al terreno de los sufragios políticos. Ni que coincida en el tiempo con las crisis de las estructuras supraestatales y la desafección política en los grandes Estados tradicionales. Mucho menos que se sume precisamente ahora a la creciente exigencia de un nuevo modelo de relación con sus respectivos Estados, de nuevos estatus políticos, en Flandes, con el fortalecimiento del nacionalismo flamenco y la sexta reforma estatal; en Escocia, con la mayoría absoluta del SNP y el planteamiento del referéndum por Alex Salmond; en Catalunya, con un notable incremento del respaldo a las tesis independentistas en los últimos dos años; o en Euskadi, donde la reiteradamente evidente mayoría nacionalista aspira a traducir también al terreno electoral la creciente certidumbre social respecto a las bondades del autogobierno tanto en el control de la administración -que se ha comprobado vano en el Estado español- como en el desarrollo socio-económico y en la solución de los problemas de sus ciudadanos.