EL recorte añadido al apoyo económico que el Gobierno presidido por Patxi López había comprometido a los euskaltegis privados y centros homologados para el aprendizaje del euskera confirma que ni siquiera la cercanía electoral logra alterar la insensibilidad que hacia nuestra lengua ha hecho patente el Ejecutivo durante toda la legislatura. Olvidada la pretensión de acercarse al euskera que el propio López pretendió en un acto con el mundo de la cultura vasca en aquella campaña electoral de 2009, del mismo modo que olvidó otros compromisos electorales en el modo de acceso a la Lehendakaritza, su gobierno acaba de restar otro millón de euros largos -sin previo aviso además- a la contribución a la enseñanza de nuestro idioma comprometida por el Departamento que dirige Blanca Urgell el pasado abril, un recorte de casi un 5% que rebaja la aportación gubernamental a más de un centenar de centros de 20,73 millones a 19,72 millones lo que, sin embargo, no es novedad: la financiación de los euskaltegis por parte del Ejecutivo vasco había venido cayendo constantemente, hasta ser rebajada en un 9,5% entre 2009 y 2012. Sin olvidar la retirada del millón de euros en becas a la consecución de los perfiles lingüísticos. Cierto es que la situación de crisis que afecta también a Euskadi y con certeza a las arcas públicas vascas -aunque curiosamente sea negada por el responsable económico del Gobierno, Carlos Aguirre- tiene cierto reflejo hasta cierto punto lógico en todas y cada una de las partidas de inversión del Gobierno, pero no lo es menos que una mínima sensibilización con las necesidades del patrimonio más importante de nuestro país habría minimizado los recortes de manera notable. Como se ha hecho en otros ámbitos, curiosamente. No es casualidad sino otro ejemplo de dicha insensibilidad que solo un día antes, en el primer acto del curso académico y tras negar recortes que sí se producen en el área de Educación, la responsable de ese Departamento también abogara de nuevo por superar el sistema de modelos lingüísticos con una enseñanza trilingüe y que lo hiciera sin los consensos necesarios, especialmente pero no solo en el ámbito de la comunidad educativa, para evitar que una reforma de tal calado pudiese suponer un perjuicio a la protección y desarrollo de la lengua minorizada.