LA nada velada petición por la patronal vasca de una pronta convocatoria electoral de la que pueda surgir, en palabras del presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, "un gobierno fuerte" que afronte las perentorias necesidades del país en el entorno de grave crisis que le rodea y afecta supone cuestionar de forma nítida el accionar y la capacidad del Ejecutivo que preside Patxi López -"si las economías familiares gestionaran hoy el gasto público, no lo harían así", ha dicho- y apuntala la exigencia de finiquitar la legislatura planteada por todas las fuerzas políticas y por una absoluta mayoría social. No es casualidad que las palabras de Lujua lleguen en la misma semana en la que el Gobierno es cuestionado de modo rotundo por el colectivo médico, el sector educativo y la abogacía y en los mismos días en que el Ejecutivo, en su exigua minoría, no ha podido sacar adelante dos de sus principales proyectos de ley, los de Juventud y de Cajas. Porque esa incapacidad gubernamental para tejer consensos parlamentarios que respondan a los retos planteados por la propia sociedad vasca y a los efectos en ella derivados de la crisis europea está en el origen de la petición del empresariado vasco que, como parte integrante de esa sociedad y con sus mismas inquietudes, no ve en el Ejecutivo el mínimo liderazgo imprescindible para remontar la situación. La petición de un nuevo gobierno fuerte lleva implícita la denuncia de la endeblez del actual y ni siquiera Patxi López puede permanecer ignorante de la doble realidad de su falta de iniciativa, que lleva a la propia patronal a plantear un plan de reactivación económica que, en esa forma o en otra, debería haber surgido del Gobierno; y la de su insuficiencia parlamentaria para, en su caso, superar la actual política de inanidad que solo intenta perpetuarse a la espera de un mejor momento de imagen electoral que, sin embargo y a consecuencia de esa misma inanidad, nunca llega. Que el señor Lujua no haya querido ser aún más concluyente (en el sentido estricto del término) no quiere decir que sus palabras no sean suficientemente claras respecto a lo que Euskadi precisa. Siendo cierto que corresponde al lehendakari la potestad de fijar la fecha electoral, esta también lleva implícita, como todo acto de gobierno, una responsabilidad. Y López tampoco puede permanecer ignorante de ella.
