LA petición por el Gobierno español al Eurogrupo de una aportación europea para sanear el sector financiero español y la notificación de su concesión durante el pasado fin de semana ha terminado por desvelar los despropósitos económicos, pero también políticos y hasta democráticos, con que se ha manejado y se maneja el Estado español. En primer lugar, la falta de concreción respecto al mecanismo a través del cual se llevará a cabo, es decir, si será a través del European Financial Stability Facility (EFSF) o del European Stability Mechanism (ESM), solo responde al intento por Rajoy de ocultar -por cuestión de imagen política y electoral de su gobierno y partido- que se trata de un rescate con una ayuda superior a la recibida en su día por Irlanda y Portugal. A ese mismo interés responde también la imprecisión sobre el montante del préstamo, pese a la aceptación general de los cien mil millones de euros, y sus condiciones financieras, cuyo interés oscilaría entre el 3% y el 4% y cuyo plazo, en torno a los diez años, también está por determinar. En segundo lugar, el genérico saneamiento "del sector financiero" español oculta la realidad y sus responsabilidades: no es todo el sector financiero, sino parte del mismo, el que arrastra a esta situación. Habrá que esperar a las auditorías que se darán a conocer el día 21 -y quizás a las de final del próximo julio- para confirmar que son cuatro entidades -Bankia, CatalunyaCaixa, Nova Caixa Galicia y Banco Valencia- las que acumulan la parte del león de la quiebra en el Estado. Y en tercer lugar, pese a que el rescate se suma a los 40.000 millones de euros de inyección pública, los 135.000 en avales del Tesoro y los 250.000 de deuda a tres años con el BCE que ya ha recibido la banca; sí se puntualiza en cambio el modo en que habrá de resarcirse Europa por esos cien mil millones: subida del IVA e impuestos indirectos, otro retraso de la edad jubilación y empobrecimiento de las pensiones para las próximas generaciones, profundización de la reforma laboral y recorte de prestaciones sociales. Todo ello sin ninguna posibilidad de control parlamentario de un gobierno que hasta la fecha se ha mostrado absolutamente opaco. Tal vez sea el camino a la unión bancaria, la convergencia fiscal y la Europa federal, pero es preciso preguntarse si en la consecución de esos fines cabe arramblar con el bienestar y la democracia.
