EL Estado español vivió ayer uno de los días más delicados de su reciente historia. Después de varias semanas negándolo de forma categórica -incluido el propio presidente, Mariano Rajoy-, el Gobierno español se vio abocado a solicitar a Europa un rescate que puede llegar a alcanzar los 100.000 millones de euros con el fin de salvar al sector financiero. Por mucho que el ministro de Economía, Luis de Guindos, se afanara en su comparecencia pública -ante la vergonzosa actitud de un Rajoy incapaz de dar la cara en momentos tan cruciales para la historia de su país- en negar que se trate de un rescate, lo cierto es que, salvo sus correligionarios, nadie se cree que estemos ante un simple "apoyo financiero", un "préstamo en condiciones muy favorables" como lo calificó el responsable económico del Ejecutivo, que añadió que esta operación no tendrá ninguna repercusión salvo para la banca que lo necesite, con lo que no salpicará a la ciudadanía. De Guindos y sus asesores deben saber que no por evitar la palabra "rescate" y por intentar suavizar sus consecuencias éstas vayan a desaparecer. Que se lo pregunten al anterior presidente, Rodríguez Zapatero, que ocultó durante meses la palabra crisis y lo pagó muy caro. El mismo, por cierto, que aseguró en septiembre de 2008 que "quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional". Día a día vamos comprobando precisamente lo contrario. Una realidad que aboca a una dura situación para el Estado español y sus ciudadanos, alarmados por todo lo que se les puede venir encima, indignados porque temen que no se les ha dicho toda la verdad y asombrados de la ingente cantidad de dinero que, a escote, van a tener que aportar para el rescate de unos bancos que han padecido una pésima y casi delictiva gestión y están a punto de la quiebra. Lo que también rompe una más de las promesas de Rajoy, que aseguró que no daría "un solo euro de dinero público" a la banca. Tras el acuerdo entre el Eurogrupo y el Gobierno español, el rescate ya es una realidad, pero aún quedan muchas incógnitas por despejar. En especial, cuáles van a ser los nuevos recortes, ajustes y tijeretazos que aplicará un Ejecutivo que, ahora aún más, va a estar vigilado "de cerca y periódicamente" por Europa. En la práctica, una intervención blanda para el Estado, pero muy dura para la población.
