Reformar, recortar, privatizar

CON la excusa de garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública, el Gobierno español, acechado por los mercados para limitar el gasto público, acaba de aprobar una reforma del Sistema Nacional de Salud. La sostenibilidad, supuestamente, estaría en peligro debido al importante incremento del coste necesario para mantener las prestaciones sanitarias a un nivel que permita prolongar los excelentes resultados, en indicadores de salud y satisfacción de pacientes, obtenidos hasta ahora. Así es, disfrutamos de uno de los sistemas sanitarios mejores de Europa, con una de las carteras de servicios más amplias ofrecida de forma universal y equitativa. Todo a un precio muy bajo, tanto por el coste de la atención, que es la mitad que en Alemania o Francia, como por las partidas presupuestarias asignadas, que son de las más bajas de Europa teniendo en cuenta nuestro nivel económico.

Esa idílica situación está cambiando. En los últimos años, los gastos sanitarios no han podido ser asumidos por muchas Comunidades Autónomas, cronificándose su déficit y situándolas al borde de la bancarrota. Dicho desequilibrio presupuestario que ha servido de justificación a la ministra de Sanidad, Ana Mato, para anunciar las medidas que tratarían de reducir el déficit sin dañar excesivamente las prestaciones. Aunque -sorprendentemente- no se ha publicado en el BOE y solo disponemos de la nota de prensa, se verán afectadas la gestión de recursos humanos, la coordinación con los servicios sociales, las compras, la universalidad, la cartera de servicios, y la aportación por receta.

De todas ellas, la que no muestra a priori ninguna repercusión en el ahorro es la división que se hará de la cartera de servicios en tres categorías: básica, suplementaria y accesoria. Ahora bien, puede ser el primer paso para que, a medio plazo, alguna de ellas quede excluida de la financiación pública. Nadie hace divisiones en una tarta si no tiene intención de trocearla.

Parece razonable que, en virtud de los acuerdos de reciprocidad existentes, se trate de recuperar el costo de los tratamientos aplicados a personas jubiladas extranjeras. Aunque el montante que el Ministerio piensa ahorrar recobrando el turismo sanitario peca de excesivo optimismo y más si se tiene en cuenta que muchas Comunidades temerán perder turistas si se aplica estrictamente. Sin embargo, lo verdaderamente inasumible es el anuncio de la ministra -inspirada en alguna tertulia de Intereconomía- de que las personas sin papeles solo recibirán la atención urgente que precisen sin posibilidad de acceder a otros niveles de la sanidad pública. La conclusión es evidente: tengan lo que tengan acudirán a Urgencias.

Pero, quizás, la propuesta que más repercusión ha tenido ha sido el incremento en la participación en la financiación de los medicamentos en función de la renta: el eufemísticamente llamado copago sobre medicamentos. Se pagará según el nivel de renta, mecanismo de estimación de los ingresos no demasiado fidedigno: no tiene en cuenta el patrimonio en un país con un elevado fraude fiscal y unos niveles de economía sumergida estratosférica.

La iniciativa se anunció como la panacea, pero tras un somero análisis mostró que aportaría a las arcas del Estado menos de 200 millones de euros. Algo que ya se sospechaba considerando el desorbitado coste económico que supone la puesta en marcha de un sistema de imposición progresiva como este. No disponemos de una tarjeta sanitaria en la que estén recogidos nuestros datos clínicos y que sea entendible en cualquier hospital público del Estado y ahora pretenden crear una que además contenga información sobre la renta. Si se consigue implementar solo tendrá capacidad para recaudar una mínima parte del déficit que arrastra la sanidad.

Aunque el discurso político siempre ha afirmado que su afán no es recaudatorio sino contenedor del gasto innecesario -del mal uso- en medicamentos, los estudios demuestran que su capacidad de contención es mala a largo plazo. Además, las personas más enfermas, que suelen ser las que más fármacos necesitan y las que tienen menos recursos, son las más penalizadas por esta multa por enfermar. Una situación que puede obligarles, en algún caso, a abandonar el tratamiento.

Quien utiliza los fármacos tiene una responsabilidad marginal en el gasto: el medicamento se lo prescriben, por lo que el interés educativo con el que se trata de adornar esta injusta medida se volatiliza. Las cargas deben repartirse entre la agencia que autoriza el medicamento, el Gobierno que visa su financiación y la industria farmacéutica que sobrevalora los beneficios y presiona al médico para que este finalmente firme la receta. El gasto en medicamentos es uno de los grandes lastres de nuestra sanidad: son excesivamente caros, se recetan más de lo necesario y los efectos adversos que generan tienen un coste elevado. Hay mucho margen de maniobra, abordemos seriamente la medicalización, exijamos que solo se autoricen y se financien medicamentos que hayan demostrado su efectividad clínica, promovamos el uso de genéricos, permitamos que la atención primaria vuelva a ser una consulta médica y no un lugar de dispensación de medicamentos y solicitud de pruebas complementarias, pero no carguemos a las víctimas más débiles con el costo de la crisis.

El resto de las medidas, salvo sorpresas cuando se detallen, resultan lógicas aunque habrá que poner especial atención a la que propone centralizar las compras de todas las autonomías, no vaya a ser que todo este maremagno de crisis y dificultades para gestionarla sea la oportunidad para los intereses recentralizadores del sector ultraconservador representado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha hecho pública su disparatada propuesta de que las Comunidades Autónomas devuelvan a la administración central las competencias de Sanidad, Educación y Justicia.

La llegada de la crisis ha servido a los clubes seguidores del modelo político neoliberal para justificar y poner en marcha medidas -recortes- que finalmente acabarán favoreciendo espurios intereses. La preocupante situación económica servirá de palanca para favorecer a las empresas dedicadas a la medicina privada (que hábilmente han colocado a personas afines al frente de la gestión de lo público). El progresivo desmantelamiento de la sanidad pública convencerá a las personas que puedan permitírselo de la ineludible necesidad que tiene su salud de ser cuidada en el ámbito privado, y como ya han interiorizado que esa medicina tiene un precio, ya que se trata más de una mercancía que de un derecho, aceptarán gustosas el pago de seguros sanitarios. El resto, que no puede permitírselo, será atendido por una sanidad deteriorada por el desmantelamiento y la obsolescencia programada. Se mercantiliza de esta manera la salud a beneficio de los que han provocado la crisis y han hackeado nuestras mentes hasta convencernos de que el sistema sanitario público universal y equitativo no es sostenible por el mal uso que hacen las personas enfermas de él.

No podemos permitir que eso llegue a ocurrir. El déficit de Navarra y el País Vasco es, con mucha diferencia, el más bajo de todo el Estado, lo que demuestra que, si hay voluntad política, las intervenciones desde la gestión pueden mantener a flote la sanidad. Esa es nuestra responsabilidad, que el sistema universal, gratuito en el momento del uso, equitativo y de calidad no se destruya y llegue a las generaciones venideras como lo hemos conocido o incluso mejor. Para ello es necesario aportar más recursos económicos y gastar menos haciendo una buena gestión, abandonando copagos, repagos y demás recortes que solo sirven para penalizar a las personas más enfermas y más pobres y beneficiar a oscuros intereses.