Despidos masivos, granjas paralizadas y obras detenidas son algunas de las secuelas que empieza a dejar la política antiinmigrante del presidente Donald Trump, cuyas redadas y amenazas federales están vaciando sectores clave como la agricultura, la construcción, el turismo y la industria alimentaria, según denuncian empresarios y activistas.
Los expertos advierten además de que se está aprovechando el miedo para despedir sin compensación a trabajadores con décadas de experiencia y que estas políticas podrían frenar el crecimiento económico del país.
Esta crisis laboral se siente en las granjas, tambos lecheros, plantas empacadoras de carne y en general en las industrias de alimentos, construcción y turismo.
“Para mí está claro que quienes están empujando estas redadas en campos y tambos no tienen idea de cómo opera una granja”, dijo Matt Teagarden, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Kansas. “Perdiendo más de la mitad de la fuerza de trabajo en horas, no hay manera de operar un negocio”, se lamentó.
El miedo hace que incluso trabajadores con permisos de estadía y empleo se escondan porque tienen familiares indocumentados, coincidieron los empresarios.
Jim Tobin, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, advirtió que empresas de construcción en todo el país reportan ausencias de sus equipos, lo que retrasa obras y eleva costos.
Aunque el Gobierno Trump afirma que va solo a por los indocumentados, que son el 4% de la fuerza laboral estadounidense, sus medidas apuntan a inmigrantes legales como estudiantes con visas, refugiados y beneficiarios de permisos de trabajo temporales y otras protecciones.
Los empresarios advierten de que con menor producción habrá más inflación. “Tenemos una opción aquí: o usamos trabajadores importados o importamos los alimentos. Necesitamos una reforma (migratoria) significativa para resolver los problemas con nuestra fuerza laboral”, reclamó Teagarden.
En Elgin (Illinois), según activistas, una fábrica despidió a 300 personas, tras una llamada de ICE. “Es una situación terrible, se aprovechan del miedo a Trump para despedir a padres y madres que tienen más de 20 años de antigüedad y experiencia en las plantas”, dijo el activista Cristóbal Cavazos, del Immigrant Solidarity y Centro de Trabajadores Casa DuPage.
En su opinión, los ataques del gobierno a trabajadores que fueron considerados esenciales durante la pandemia de la covid 19, “muestra lo que está mal en el país”, es una “verdadera arma de destrucción masiva”, afirmó.
La incertidumbre también contribuye a una “desaceleración económica”, dijo Stuart Anderson, del centro National Foundation for American Policy. “Si se quiere tener una economía en crecimiento, se necesita fuerza laboral en crecimiento”, afirmó.
Un estudio reciente del Banco de la Reserva Federal de Dallas advirtió de que estas restricciones migratorias reducirán el crecimiento económico de EE.UU. en casi un punto porcentual este año.
Los economistas esperan que el crecimiento se enfríe a un ritmo del 1,5% en 2025, frente a casi el 3% registrado en cada uno de los dos años anteriores.
En 2022, casi el 14% de los empleados en la construcción eran indocumentados, frente al 15% en el sector agrícola y el 7,6% en el hotelero, según el American Immigration Council.
“Si ellos no se presentan a trabajar, la producción de esas industrias cae significativamente y vemos daños reales en esos sectores”, dijo Robert Bruno, profesor y director del programa de educación laboral de la Universidad de Illinois. “Se pierde mucho ingreso, mucho PIB, y hay efectos en cadena por la ausencia de estos trabajadores en sus puestos”, agregó.
Los recortes laborales de inmigrantes experimentados -legales e indocumentados- en grandes corporaciones como Disney, Walmart, Amazon y Nestlé por presión de las autoridades federales, también comienzan a impactar la economía, mientras las empresas enfrentan crecientes dificultades para encontrar reemplazos.
El apunte
Un mes de Alligator Alcatraz. Alligator Alcatraz cumple un mes de funcionamiento, con unos 600 migrantes deportados desde ahí, mientras el Gobierno estatal presume de él como un modelo para los próximos centros de detención, pese a denuncias de opacidad y abusos. La prisión se construyó en un aeropuerto abandonado entre los Everglades, zona natural rodeada de caimanes y pantanos, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.
