El Gobierno de Argentina envió hoy a la Cámara de Diputados y al Senado el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el presidente, Javier Milei, pretende sentar las "bases para la reconstrucción de la economía argentina" y que está parcialmente suspendido por la Justicia.
Milei presentó este DNU con un fuerte componente desregulador el pasado 20 de diciembre y entró en vigor nueve días después.
La continuidad del decreto depende ahora de que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -compuesta por diputados y senadores- lo apruebe en los próximos diez días hábiles. De momento, esta comisión mixta aún no ha sido formada.
Los 366 artículos del decreto son uno de los primeros pasos del llamado 'shock' económico del presidente Milei y abarcan todos los ámbitos de la economía argentina.
El paquete incluye la derogación del régimen de sociedades del Estado y de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, así como de normas como la ley de Alquileres.
Además, introduce la posibilidad de que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas deportivas si así lo desean, abre la puerta a la cesión total o parcial del paquete accionarial de Aerolíneas Argentinas y acomete una profunda reforma laboral.
Precisamente, este último punto es el que más tensiones está generando.
De hecho, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a petición de dos de las principales centrales sindicales del país, dictó esta semana dos medidas cautelares contra las políticas laborales incluidas en el DNU.
Adicionalmente, la Justicia acumula más de una decena de denuncias y amparos contra el decreto, mientras las organizaciones sociales convocan a diario movilizaciones contra las reformas propuestas.
La Libertad Avanza -la fuerza de ultraderecha liderada por Milei- carece de suficientes representantes en las dos cámaras para sacar adelante el DNU por su cuenta, por lo que tiene que buscar el apoyo de los parlamentarios de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, varios de cuyos miembros forman parte del Gobierno actual.
El espacio que lidera la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está inmerso en un proceso de fuerte división interna y no está claro que vaya a apoyar de manera uniforme el decreto gubernamental.
En los planes del Gobierno, el DNU tendrá que ser ratificado por la Comisión Bicameral antes del 25 de enero, justo un día después de la jornada de paro general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la federación sindical con más asociados de Argentina, de inspiración peronista.
La Cámara Baja también tiene pendiente la aprobación del megaproyecto de ley conocido como la 'ley ómnibus', con el que el presidente pretende acumular plenos poderes legislativos en diversos ámbitos sociales, económicos y políticos de Argentina hasta finales de 2025.
