Rusia acusó ayer a Ucrania de ser un “régimen neonazi y rusófobo” que “promueve el odio” contra su población rusoparlante, señaló el equipo legal ruso en una audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que Moscú pidió desestimar una disputa entre ambos países sobre la Convención contra el Genocidio.
Ucrania acusó a Rusia de “manipular la noción de genocidio” recogida en la Convención contra el Genocidio –ratificada por 133 países desde 1948, incluidos Rusia y Ucrania– para “justificar la agresión” en febrero de 2022, puesto que Moscú –alegó Kiev– usó ese tratado para argumentar la invasión y el uso de la fuerza, tras acusar al Gobierno ucraniano de estar cometiendo un presunto genocidio en las regiones de Luhansk y Donetsk.
El diplomático ruso Gennady Kuzmin, que expuso ayer los argumentos de Rusia sobre cuestiones legales que rodean la competencia de este tribunal sobre este caso, alegó que la CIJ, el máximo tribunal de Naciones Unidas, no tiene jurisdicción porque, en su visión, no hay ninguna disputa sobre esta convención en concreto.
Kuzmin subrayó que “la Convención no da derecho a usar la violencia, ni Rusia ha dicho jamás que lo haga”, y aseguró que, en realidad, Moscú justifica la invasión a Ucrania en el “derecho a la defensa propia y general en caso de un ataque armado” (artículo 51 de la Carta de la ONU).
En este sentido, el diplomático ruso acusó a Kiev de “lanzar una guerra a gran escala” contra el Donbás en 2014, y de “promover el odio” contra la población rusoparlante” de esa zona, y enumeró una serie de acusaciones contra el Gobierno ucraniano, a quien definió en numerosas ocasiones como un “régimen neonazi”.
“El régimen ucraniano glorifica criminales de guerra nazis, adopta simbología nazi, y no prohíbe grupos nazis. Además, prohíbe la educación en idioma ruso y saca el idioma ruso de todas las esferas públicas. Prohíbe libros y artistas rusos. Las iglesias ortodoxas rusas son violentamente confiscadas por fuerzas de seguridad ucranianas y militantes neonazis”, manifestó.
