La historia resiste; la casona se derrumba. En el jardín de la Casa Rosales, en Cueto, quedó abandonada una chaqueta atravesada por una bala. Pertenecía a un doctor donostiarra asesinado junto a otros refugiados vascos en el verano de 1937. El primer lehendakari, José Antonio Aguirre, que resistía en Santander tras la caída de Bilbao, dejó testimonio de ello: «La chaqueta americana de uno de los asesinados estaba en el jardín de nuestra casa con el agujero de la bala que lo había cruzado. Era el médico, señor Zabalo». Ese fragmento, escrito meses después en un informe remitido al presidente de la República, Manuel Azaña, condensa el clima de violencia y desgarro que rodeó la estancia del Gobierno Vasco en su último enclave en suelo republicano.
La casa, aneja a la playa Mataleñas, había sido diseñada en 1934 por el reconocido arquitecto Valentín Ramón Lavín Casalís para el directivo tabacalero en Filipinas, el indiano José Rosales. En la primavera de 1937, tras la derrota de Bilbao, fue incautada por el Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos y cedida a Aguirre y a sus consejeros. Allí instalaron su sede presidencial.
La finca es imponente: más de 6.000 metros cuadrados, con un cuerpo principal, dependencias de servicio y garaje. En su puerta posaron Aguirre y sus consejeros Aznar, Nardiz y Monzón, en instantáneas que hoy son prueba gráfica de aquel gobierno en el exilio interior. Sin embargo, el lugar distaba de ser seguro: demasiado próximo a la batería de costa de Cabo Mayor, objetivo preferente de la aviación franquista y la Legión Cóndor.
El propio Aguirre informó de que el Gobierno vasco padecía vejaciones y desprecios al ser alojados en una casa próxima a una batería de la costa, lo que les valió ya algún bombardeo. Pero aquellos artefactos no fueron lo peor. La descomposición del frente norte republicano se reflejaba en luchas internas, detenciones arbitrarias y asesinatos. Aguirre fue testigo de ello en Santander: «Yo mismo soy testigo del espectáculo macabro que ofrecían cerca de las peñas cinco cadáveres desnudos recientemente asesinados», remitió a Azaña. Los nombres de las víctimas –el periodista Andima Orueta, los funcionarios Gorostiaga y Lasa, el jefe de Impuestos Juan Luis de Biziola– reflejan el coste humano de aquellos días. Y la violencia llegó hasta la propia residencia oficial: «Había algunos de estos que merodeaban en las cercanías de nuestra casa, a la cual se atrevieron un día a lanzar tres disparos, algunos de cuyos impactos estaban a la vista de todos».
Así, entre bombardeos, asesinatos y desencanto, Santander se convirtió en la última trinchera de Aguirre en el Estado. Desde el barrio de La Albericia, al llegar los franquistas, el lehendakari voló en agosto en el avión Negus hacia Valencia y, tras la caída definitiva del frente norte, emprendió un exilio del que jamás regresó.
Terminada la guerra, los Rosales recuperaron la finca y la disfrutaron hasta 1950. A continuación, pasó por varias manos –la familia Pérez Sanjurjo, herederos, promotores inmobiliarios– hasta que en 2022 el Ayuntamiento de Santander culminó un proceso de expropiación. Pero ya era tarde: la casona llevaba décadas cerrada, cubierta de maleza y deteriorada, hasta el punto de figurar hoy en la Lista Roja de Hispania Nostra, amenazada de desaparición.
Ese abandono indigna a quienes consideran que la villa debería preservarse como lugar de memoria. Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, lo expresa con claridad: «Nada me gustaría más que esa casa fuese una referencia para los vascos en recuerdo de esos tremendos días previos a la llegada de la dictadura. Todo lo que esté de mis manos sabéis que contáis conmigo», le expresó al exsenador Iñaki Anasagasti durante una visita que ambos protagonizaron el día previo a que la ciudadanía fuera confinada por la covid-19. Tras aquel encuentro, en 2022, su partido, el PRC, logró aprobar por unanimidad una moción municipal para su rehabilitación y uso cultural, pero la iniciativa sigue sin materializarse por posible desinterés o desidia del PP.
En declaraciones de esta semana a DEIA, Miguel Ángel Revilla recuerda con entusiasmo aquella primera visita a la Casa Rosales junto a Anasagasti: “Yo no la conocía. Empecé a indagar y localicé la casona en un lugar paradisíaco, con una finca desde la que se ve todo Cantabria. Me sorprendió encontrar una casa en ruinas, con un guardés”. Revilla subraya la importancia histórica del edificio: “Se expropió durante la Guerra Civil como habitáculo del Gobierno vasco, que tuvo que refugiarse aquí durante dos meses”.
Sobre su colaboración con Anasagasti, comenta: “Fue él quien me dijo: ‘Miguel Ángel, ¿puedes enterarte?’. Yo no sabía nada. Y empezamos a recuperar fotos donde se ve al lehendakari Aguirre con su equipo, perfectamente identificables, en la puerta de la casa”. El expresidente cántabro insiste en la necesidad de conservar la memoria histórica del lugar: “Debiera ser motivo de conservación. Yo apoyaría que ahí hubiera un recuerdo de aquella etapa de la presidencia vasca en días tan terribles, ya sea, por ejemplo, dedicándole cuando se rehabilitara una habitación temática”. Hace referencia al posible proyecto Centro de Interpretación del Geoparque Costa Quebrada y cita que “hay fondos europeos disponibles”. Estima, a bote pronto, que con medio millón de euros la Casa Rosales pudiera estar reluciente: “¿Qué dinero es 500.000 euros?”, lanza quien ratifica a este diario que en Bilbao se hizo “antifranquista” en los años 60. como estudiante en la Universidad de Sarriko.
Revilla anima a Lehendakaritza a bregar un paso más. “El PP aquí no hace nada. Solo dan largas. Si yo fuera el Gobierno vasco iniciaría conversaciones de altura. No a nivel de Ayuntamiento, sino de partido a partido”. Cuestionado si señala al presidente popular Núñez Feijóo, asiente: “A ese nivel tendría que ser la cosa, porque los otros intentos en Santander de Urkullu, de Anasagasti o nuestro no van más allá. Desde el PRC lo hemos intentado de todos los modos. Hace muy poco, hemos preguntado al PP a ver por qué no se ha aplicado la resolución”. La respuesta: Silencio.
Anasagasti, por su parte, imagina otro destino posible: «Ojalá la destinen a una acción cultural o incluso a un hotel boutique. Podía llamarse Hotel de El Lehendakari. Estoy seguro de que más de un vasco le gustaría pernoctar allí», valora.
Ese espíritu conecta con el trabajo emprendido en otros lugares de memoria, como la Casa Grande de Turtzios, donde Aguirre pronunció su último comunicado en suelo vasco: «El pueblo vasco puede mirar al futuro con ilusión, su alma nos pertenece, nuestra conducta es la suya». Consultado por su conocimiento de la guerra militar de 1936, Aitor Miñambres, director del Museo Memorial del Cinturón de Hierro, en Berango, el historiador transmite que esta casa de “Cabo Mayor en Santander y París –delegación que ha recuperado el PNV recientemente- son el principio y el fin del largo exilio del lehendakari Agirre, un dilatado periplo a lo largo de Europa y América sin un posible retorno a una Euskadi en democracia. Por eso ambos edificios, ambas sedes que en su día tuvo el Gobierno vasco –la de Santander y la de París– al igual que la de Trucíos, son también lugares para la memoria del exilio colectivo del pueblo vasco”.
