La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno español es una decisión necesaria, pero insuficiente si vuelve a convertirse en un gesto aislado y coyuntural. Es la séptima regularización en cuatro décadas con gobiernos de PSOE y PP, pero conlleva el riesgo de convertirse en placebo en tanto siga sin haber una estrategia migratoria estable, compartida y explicada a la ciudadanía. La medida reconoce un hecho incontestable: cientos de miles de personas sostienen en la sombra un modelo económico y de bienestar que ya depende del aporte demográfico exterior. Darles residencia y permiso de trabajo durante un año y suspender expulsiones corrige una injusticia y refuerza sus derechos básicos. Pero la regularización, por sí sola, no elimina la vulnerabilidad ni combate la economía sumergida si no va acompañada de itinerarios reales de empleo, formación y acceso a servicios que permitan una vida independiente y una aportación al modelo social colectivo como nuevos miembros de la estructura ciudadana.
Esa agenda sigue precisando de una doble cooperación: interna, entre Estado y comunidades que son quienes gestionan la integración cotidiana y, sin embargo, volvieron a quedar al margen de la decisión pactada entre PSOE y Podemos; y europea, porque compartimos un marco común de asilo, fronteras y residencia condicionante. La respuesta no puede limitarse a un expediente administrativo masivo cada vez que la presión social o económica se desborda. Hace falta una política migratoria integral que combine el principio humanitario con criterios claros de selección, acogida, integración laboral y convivencia. Existe una dependencia demográfica del exterior en nuestro modelo de crecimiento y bienestar y el imprescindible tratamiento humanitario y reconocimiento ético de los derechos de cada persona. Afróntese objetivamente, sin eludir las dudas y miedos que se alimentan contra la diversidad cultural, asociados a la seguridad, y sin renunciar a la exigencia de unos estándares de comportamiento cívico vigentes e incorporados al cuerpo legal. Es el camino hacia una pedagogía social basada en un relato veraz sobre beneficios y costes, para no ofrecer munición a los populismos que explotan la xenofobia hoy y aspirarán mañana a homogeneizar el pensamiento.