El uso de la violencia como forma de expresión ha sido –y por desgracia, vuelve a ser– recurrente en realidades geográficas en las que la democracia ha tenido y tiene que pelear a brazo partido para desterrar el uso de las armas como herramienta política y como sustitutivo de la palabra, de la confrontación de ideas y del contraste del debate. El reciente caso del intento de asesinato del senador conservador Miguel Uribe, precandidato desde marzo a la Presidencia de Colombia en 2026 y una de las voces opositoras de mayor proyección en el partido Centro Democrático, ha rescatado un escenario en aquel país, habitual hace décadas, en el que el secuestro y el asesinato de líderes políticos y otras personalidades era el pan nuestro de cada día. Se da la circunstancia de que el político al que se ha pretendido silenciar es hijo de una notoria periodista en su día raptada y asesinada en 1991 por las estructuras del Cártel de Medellín de Pablo Escobar en uno de los episodios más crueles de aquellos años negros de aquel rincón sudamericano, zarandeado por múltiples violencias nacidas de la existencia de varias guerrillas, de grupos paramilitares y de un narcotráfico muy asentado desde las selvas en las que cultiva la coca. Quizás por ello, la investigación policial para esclarecer los hechos ha abierto un abanico de opciones que abarca todas las hipótesis, pero que parte de una premisa clave: quien está detrás del intento de magnicidio tiene como misión desestabilizar un país que está a las puertas de iniciar un proceso electoral para renovar sus órganos legislativos y la propia Presidencia en marzo y mayo del año próximo, respectivamente. Se da la circunstancia de que Colombia tiene por primera vez en su historia un hombre de izquierdas en su Presidencia, de que la negociación para el cese de la actividad del grupo armado ELN está en un laberinto sin salida, y de que existe la presión denunciada por el Ejecutivo de las “multinacionales del narcotráfico” en distintos ámbitos, incluido el judicial. Todo ello se completa con los mensajes de odio que abundan en redes sociales. Ante todo ello, a la democracia solo le queda un ejercicio de transparencia sin igual y un esfuerzo por el acuerdo entre diferentes que lime la sectorización galopante y sin puentes que proclaman y promueven los intereses económicos, sociales y mediáticos en medio mundo, y no solo en Colombia.