EL archivo de la querella del denominado caso Bidegi –referido a la construcción de la autopista AP-1– decretado por la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Azpeitia al no apreciar indicio alguno de delito vuelve a poner en evidencia la sistemática estrategia de EH Bildu –bajo cuyo mandato en la Diputación de Gipuzkoa con Martin Garitano al frente fue presentada la denuncia– de llevar a los tribunales actuaciones de instituciones gobernadas por el PNV en busca de extender la sospecha de la corrupción y el descrédito social sobre la formación jeltzale y sus miembros. El auto emitido por la magistrada es especialmente revelador y arroja luz sobre estas maniobras de la coalición soberanista. Según afirma el texto, de las diligencias practicadas sobre la querella “no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito”. La jueza expresa con claridad que el informe pericial en el que EH Bildu basaba su denuncia “está plagado de fallos” y no hay en él “un apartado que no contenga errores, omisiones o todo tipo de imprecisiones” y “formas de medir no apropiadas” que, de facto, invalidan las conclusiones a las que llega. Es más, el auto incide en que “la extensa documentación obrante en las actuaciones, con las declaraciones testificales y periciales practicadas, no ha hecho sino poner de manifiesto numerosas incongruencias que presentaba” dicho informe, que ya había sido objetado por la propia Diputación guipuzcoana tras la salida de EH Bildu del gobierno foral. El caso Bidegi es un ejemplo más de la doble moral del modus operandi de la izquierda abertzale –tanto de la propia EH Bildu como de algunos de sus satélites, como sindicatos, plataformas, grupos, etc.–, que por una parte critica la judicialización de la política pero por otra la practica con especial profusión en su estrategia de desgaste del rival. Numerosas querellas similares e igualmente archivadas –como las presentadas contra residencias de mayores durante la pandemia, la incineradora de Zubieta, Osakidetza con el igualmente elocuente caso del calvario del exconsejero Jon Darpón, contra numerosos alcaldes vizcainos, etc.– muestran la perversión democrática ante la finalidad real de algunas denuncias pese a la inexistencia o fragilidad de las causas que la provocan, y su presentación en los tribunales con objetivos espurios.
