LAS últimas semanas están registrando un goteo de incidentes con heridos por arma blanca en los cuatro territorios de Hegoalde y demasiados de ellos han acabado con heridas de gravedad e incluso mortales. El fenómeno no es nuevo pero su repetición resulta motivo de que se estudien seriamente mecanismos de control en favor de la convivencia segura. Cuando se contempla la eventualidad de establecer medidas de seguridad en los accesos a locales de ocio nocturno, debemos huir de la estigmatización tanto del sector como de los colectivos juveniles. Pero es objetivamente constatable que los primeros han sido el entorno –por el consumo de alcohol o estupefacientes o por la mera aglomeración de personas– de situaciones de violencia indeseada protagonizada por los segundos. No solo en el ámbito privado, sino en espacios públicos de concentración de jóvenes y menores que los utilizan como entornos lúdicos de socialización. Esos entornos, espacios públicos o negocios privados, deben ser seguros para ser asimilables por una sociedad madura, respetuosa de los derechos y libertades y que ha ganado a pulso la calidad de vida derivada de nuestros estándares de baja criminalidad. Lo ganado en ese aspecto no debería entrar en cuestión por situaciones que, si bien no están sistemáticamente vinculadas con la delincuencia, no pueden ser toleradas. En consecuencia, no es una práctica normalizable y es preciso encararla sin alarmismos innecesarios pero sin restarle un ápice al riesgo que constituye para la convivencia la decisión de salir armado a la calle. Evitemos el discurso populista que se alimenta de criminalizar de manera generalizada a colectivos de edad, étnicos o de cualquier otro tipo. Pero huyamos también de aquel otro tentado de dotar de un carácter casi contracultural, minimizando o incluso arropando con un discurso pueril la supuesta reafirmación social de individuos o colectivos en torno a una navaja. No hay razón sociocultural que justifique portar armas blancas en una sociedad avanzada y democrática. En consecuencia, es lícito perseguir su exhibición porque portar un arma no es un factor de protección puesto que esta está residenciada en las funciones de seguridad que el consenso democrático ha dejado en manos de la administración pública.
