Tubos Reunidos recupera cierta normalidad en medio de la incertidumbre

La empresa Tubos Reunidos busca regresar a una cierta normalidad después de que, a lo largo de esta semana, los alrededor de 900 trabajadores se la fábrica de Amurrio se hayan reincorporado a la actividad productiva después de que el comité de empresa, tras la votación previa, de una asamblea de trabajadores, respaldase la decisión -en el mismo sentido- de poner fin a la huelga indefinida que vivía esta factoría desde el 16 de marzo. 

A la espera de que se concluya nueva producción, diversos camiones con material ya ensamblado están saliendo estos días de la factoría de Amurrio, lo que constituye un primer paso para retornar al escenario previo al comienzo del paro, si bien se antoja un camino complicado a la vista de los acontecimientos que están sacudiendo a la empresa en los últimos meses: un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 240 personas, una comunicación de resultados con pérdidas y una deuda de 363 millones de euros y la solicitud para la entrada voluntaria en concurso de acreedores ante una situación de “insolvencia inminente”, según la propia compañía.

En este contexto, cobran relevancia las declaraciones formuladas esta semana desde el Gobierno Vasco mencionando la posibilidad de que inversores privados entren en la compañía. Se trata de uno de los pasos sobre los que el Ejecutivo venía insistiendo como inexorable para garantizar la continuidad de la empresa. Ayer mismo, el lehendakari, Imanol Pradales, señaló, en una entrevista en Radio Euskadi, que todas las partes deben actuar “con responsabilidad” para que el futuro de la empresa no sea “negro” y añadió que hay un trabajo “previo” que hacer antes de que los potenciales inversores aparezcan “con claridad”.

Pradales confirmó así lo apuntado el pasado martes por el consejero de Industria, Mikel Jauregi, que subrayó que el concurso de acreedores “abre la puerta” para una reestructuración de la deuda “legal y ordenada”. En este sentido, indicó que “hay nuevos inversores interesados en poder ayudar” aunque “por ahora no hay propuestas”. “Es cierto que ya hay potenciales inversores que preguntan por Tubos Reunidos, y eso siempre es positivo. Pero hay una fase previa de trabajo en la que hace falta mucha responsabilidad por parte de todas esas personas que tienen algo que decir en Tubos Reunidos”, manifestó Pradales. El lehendakari argumentó que en estos momentos es preciso “dejar trabajar” a la administración concursal -que va a ejercer la consultora PKF Attest- y “ayudarle a ir resolviendo este puzzle, que es muy complicado porque cualquier empresa que entra en un proceso concursal entra en un momento muy complicado”.

Según recordó Pradales, hay una administración concursal que va a ser quien dirija la empresa a partir de ahora y “tiene que hacer muchas cosas”, primero “ver hasta qué punto es viable la actividad industrial de Tubos Reunidos”. A su juicio, es una actividad que puede ser “viable y puede seguir siendo competitiva”, pero eso, insistió, tiene que ser “responsabilidad de todas las partes”. 

“Tiene que hablar con los acreedores, especialmente con aquellos que tienen deudas, y aquí es muy importante que se pueda hacer una reestructuración de la deuda. Tiene que hablar con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, que tienen que actuar con mucha responsabilidad y afortunadamente se ha desconvocado la huelga indefinida”, añadió. Tubos Reunidos adeuda casi 265 millones de euros, de los que unos 112 son, en origen, derivados de un préstamo concedido por la SEPI en 2021 para ayudar a empresas estratégicas que habían sido especialmente golpeadas por la pandemia. En todo caso, con los intereses devengados, ese volumen de deuda se sitúa ya en alrededor de 150 millones de euros.

Con el cese de la huelga general en Tubos Reunidos de Amurrio se recupera la producción en Tubos Reunidos y, por lo tanto, “se pueden seguir manteniendo clientes y cobrando facturas, que eso sirve para pagar salarios, por cierto”, apuntó el lehendakari. En cualquier caso, Pradales recordó que no va ser un proceso “sencillo” y “va a llevar varios meses” e indicó que, hasta que no se vayan, de alguna forma, “clarificando” los citados elementos, los “potenciales inversores interesados no van a aparecer con claridad”. 

Ciertamente, la prioridad de PKF Attest será la gestión diaria y a corto plazo de una empresa que, según los autos judiciales que autorizan el concurso, “se encuentra en estado de insolvencia inminente”. Los acreedores tienen de plazo hasta el 11 de junio para comunicar al juzgado que ha emitido los autos judiciales su condición de tales, así como la documentación que lo acredite. Por otra parte, la administración concursal, la empresa y los representantes legales de los trabajadores están citados el próximo martes en sede judicial para “exponer y justificar, en su caso”, la procedencia de continuar con la tramitación del ERE conforme a lo previsto en la Ley Concursal. Ese día, y el jueves 28, hay convocado de nuevo un paro en la factoría alavesa para exigir la retirada del ERE. Además, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) celebrará el 7 de julio el juicio para resolver si el despido colectivo planteado por la dirección se ajusta a derecho.