El TSJPV celebrará en julio el juicio por el despido colectivo en Tubos Reunidos

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) celebrará a principios de julio el juicio para resolver si el despido colectivo planteado por la dirección de Tubos Reunidos se ajusta a derecho a no.

Según ha explicado en Radio Euskadi Garbiñe Birrun, la Sala que preside "enjuiciará con arreglo a las pruebas que se planteen por las partes en el juicio oral" sobre las cuatro demandas interpuestas por los sindicatos al despido colectivo planteado por la dirección de la empresa.

Para ello, el tribunal valorará todo el expediente y será "de gran relevancia" el informe de la Inspección de Trabajo elaborado desde el año 2023, para decidir si concurre o no la causa de despido.

Biurrun ha indicado que la Sala de lo Social del TJSPV comenzará este martes a analizar los 180 recursos que tiene pendientes, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo, que a su vez deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativa al personal temporal de la Administración pública.

La resolución del TS ha dejado "muchas incertidumbres y dudas sin resolver" y que podrían generar una "una verdadera avalancha de litigios", sobre todo entre quienes no hayan superado esos procesos con derecho a una indemnización en "una horquilla muy amplia entre 1.000 y 10.000 euros", ha augurado.

"Yo no tengo la sensación de que haya aumentado la conflictividad" en Euskadi, y que esté relacionado con la bajada de inversiones como ha apuntado Confebask, "aunque no tengo datos" como para negarlo, ha sentenciado. "Es verdad", ha dicho, que "hay más pleitos y que los juzgados de lo Social están desbordados, pero también es verdad que hay mayor número de personas trabajadoras y mayor conciencia para acudir a la justicia".

Biurrun ha considerado que los partidos vascos deben ponerse de acuerdo para blindar la norma relativa a los requisitos de euskera para acceder a empleo publico y determinar si los índices de obligado cumplimiento del euskera "tienen que ser suelos o máximos".

Las sentencias que han anulado algunas OPEs por la exigencia de euskera son "una muestra de que no es un problema de sensibilidad de los tribunales" ya que han "interpretado la legislación de manera cabal". Evidencian, a su entender, la necesidad de "modificar la legislación".

Requiere de "una reflexión política importante" porque parece que "se ha abierto una veda que antes estaba contenida". Hace falta, ha opinado, "un replanteamiento social y político" hasta lograr "un gran consenso" porque "todos tenemos derecho a relacionarnos en euskera con todas las administraciones públicas", ha sentenciado.