El registro en Sidenor se llevó a cabo tras un mes de investigación secreta de la Policía

El Tribunal Central de Instancia ha decidido levantar el secreto de una pieza separada de la causa abierta para investigar si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos pudieron incurrir en un delito de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad, por vender partidas de acero, presuntamente sin autorización, a una empresa armamentística israelí.

En un auto con fecha de este miércoles, el magistrado Francisco de Jorge Mesas recuerda que la pieza separada se incoó el 8 de enero de 2026 en el marco de las diligencias previas 51/2025 seguidas para la investigación del presunto delito de contrabando y se declaró su secreto, prorrogado por resolución de fecha 6 de febrero. Tras haberse realizado la diligencia de “entrada y registro” para la que se creó esta pieza, el juez procede a alzar totalmente el secreto. Contra esta resolución puede presentarse recurso de reforma en el plazo de tres días.

Registro en la sede de Sidenor

La resolución judicial se ha dictado un día después de que la Policía Nacional accediera a la sede de Sidenor en Basauri, donde permaneció varias horas recabando información en torno a la venta de acero a Israel por parte de la siderúrgica vasca.

En relación a esa actuación, la empresa precisó que había colaborado con las autoridades que se personaron en las instalaciones para trasladarles “con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen”.

Presuntas irregularidades y declaraciones

Fue en octubre del pasado año, cuando el juez Francisco de Jorge acordó investigar al presidente de Sidenor por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a Israel Military Industries (IMSI).

El Tribunal también investiga a otros dos directivos, quienes tenían pleno conocimiento de que se trataba de un fabricante de armas y de que el material vendido iba a ser usado para fabricación de armamento, y que la venta se habría realizado sin solicitar autorización del Gobierno ni inscribirse en el registro correspondiente, según un oficio de la Comisaría General de Información del 10 de septiembre.

El 12 de noviembre, José Antonio Jainaga y los dos directivos declararon como investigados. Jainaga aseguró que Sidenor no cometió irregularidad alguna, ya que el acero exportado no figuraba entre los productos sometidos a control especial por la administración.