La Ley vasca de Empleo supera su penúltimo trámite parlamentario

El texto establece que Lanbide ejercerá un papel central como servicio público de empleo, para lo que contará con un contrato programa cuya validez será de cuatro años y que estará centrado en alcanzar el pleno desarrollo del trabajo digno, garantizar la empleabilidad, atender las necesidades de las empresas y favorecer la cohesión social y territorial. De esa forma, se garantiza el derecho a una asistencia personalizada a la formación y a la orientación laboral, a través de un diagnóstico de competencias y necesidades, un plan personalizado, un proceso de acompañamiento, y la creación de una historia laboral única.

Así, a partir del mes de julio de 2024, se abrirá un periodo de doce meses para las personas paradas cuenten con una plan personalizado de formación y de empleo para acceder al mercado de trabajo. Además, a través de esta norma, los planes de empleo y desarrollo local pasan a ser obligatorios en los municipios de más de 10.000 habitantes y, más allá de las fuentes ordinarias de financiación presupuestaria, se crea un fondo estable que garantice que las obligaciones que adquieren se cumplan con eficacia.

Además, crea el derecho a las políticas activas de empleo (ahora no existe de manera exigible), que garantizará Lanbide mediante el establecimiento de itinerarios de formación y orientación laboral. Así, se pretende que en un plazo de doce meses desde la aprobación de ley todos los parados usuarios del sistema dispongan de un plan de actuación, comenzando por aquellos de larga duración.

Red vasca de empleo

La red vasca de empleo estará formada por diputaciones, ayuntamientos, agentes sociales y económicos, centros de formación y tercer sector. Habrá una ventanilla única electrónica y una ventanilla única por sede territorial, a través de la cual el usuario podrá acceder a las ofertas de empleo. El objetivo en este sentido es conseguir que todas las empresas publiquen sus ofertas de empleo en una única plataforma. Además, la ley establece la elaboración de un mapa vasco de empleo que dé a conocer los servicios de empleo y las necesidades que haya que cubrir.

A través de esta norma, Lanbide se convertirá en un ente público de derecho privado, regulado mediante un contrato programa con el Gobierno vasco con validez para cuatro años. El objetivo del cambio es dotar de mayor agilidad a la entidad en determinados trámites y actuaciones manteniendo su control por parte de la Administración. Sobre la financiación, se creará un nuevo organismo, el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, integrado por Gobierno vasco, diputaciones forales y la asociación de municipios vascos Eudel y con funciones de coordinación de políticas.

Durante la tramitación parlamentaria de esta ley, se han incorporado al texto ocho enmiendas de Elkarrekin Podemos-IU –se han transaccionado otras 14 con ellos–, cinco de EH Bildu –más otras nueve transaccionadas– y tres del PP. Sin embargo, los tres partidos rechazaron finalmente dar su apoyo a la ley en la Comisión de Trabajo y Empleo. Desde el PNV y el PSE, el jeltzale Jon Aiartza, señaló que se han mostrado “dispuestos a incorporar propuestas” de la oposición “desde el principio de realidad y buscando el máximo consenso”. Calificó de “profundo, serio y alejado de la crispación” el debate que han mantenido los grupos y achacó al “escenario de final de legislatura” el hecho de no haber llegado a acuerdos de mayor calado.

También el socialista Ekain Rico admitió que “en el tramo final de la legislatura se hace más difícil sumar síes”, pese a lo cual –destacó– se han incorporado y pactado varias enmiendas de los grupos de oposición, a los que agradeció su “actitud tan pragmática”.