La diputada del PNV Idoia Sagastizabal reprochó ayer a Bildu “copiar” una norma foral vizcaina para su propuesta para evitar la deslocalización de empresas, un texto que se votará durante la sesión de este jueves, en medio de la polémica por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos.

El Pleno del Congreso debatió ayer, entre otros temas, una proposición no de ley de Bildu relativa a impedir la deslocalización de empresas, la devolución de los fondos públicos obtenidos y el mantenimiento del empleo. Para Sagastizabal, el hecho de que esta iniciativa parlamentaria no tenga carácter vinculante para el Gobierno español “no es la mejor manera de resolver” el problema. Además, afeó a la formación no haber presentado en este aspecto una propuesta de ley, “como sí han hecho en el Parlamento Vasco”. En este sentido, y en alusión a esa proposición, Sagastizabal indicó que “está basada” en la norma foral vizcaina de 2007 sobre esta materia, con “artículos prácticamente calcados” en lo concerniente al concepto de deslocalización, la declaración como tal de una compañía y el reintegro de ayudas y subvenciones. “Entiendo que el PNV es un referente a copiar, porque de lo contrario no habrían presentado esa normativa”, destacó la diputada. 

Por su parte, Oskar Matute, de Bildu, subrayó, en su alocución, que Ferrovial fue una de las empresas condenada por la CNMC por conformar un cártel junto a otras grandes constructoras para, según explicó, alterar el proceso competitivo.

El PSOE acordó con la formación de la izquierda abertzale un nuevo intento para pactar un nuevo texto, vía enmienda transaccional, con vistas a la votación programada para mañana en el Pleno del Congreso. El texto que los socialistas propusieron a Bildu habla de condicionar “con carácter excepcional” la posible recepción de apoyo público a empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad de la compañía en un periodo de tiempo concreto.

La socialista Cristina López Zamora sostuvo que, en vez de devolver las ayudas, como sugirió Bildu, se condicione a las empresas “con carácter excepcional” la posible recepción de apoyo público para determinadas modalidades de subvenciones o deslocalización de la actividad durante un determinado periodo de tiempo desde el momento en que se produce el apoyo público. La oferta negociadora del Grupo Socialista se articula a través de un texto alternativo que apuesta por crear las condiciones para configurar un entorno regulatorio “atractivo” en el Estado para la constitución de empresas y la inversión extranjera.

La propuesta de Bildu sí encontró el apoyo de Podemos, ERC, BNG y Compromís, al entender que es de “sentido común”, mientras que en el lado contrario se situaron PP, Vox y Ciudadanos, que acusaron al Ejecutivo de generar un “infierno fiscal” en lugar de “atraer a empresas”.