- El Plan de Gestión 2022-2024 de la Inspección de Trabajo del País Vasco reforzará las medidas de control para combatir la precariedad laboral y la discriminación en el empleo por razones de sexo o discapacidad, ante las “carencias” de este organismo y la necesidad de ampliar las plazas de inspectores. En ese sentido, aumentará tanto el personal asignado a la vigilancia de las condiciones de trabajo como el uso de tecnología para detectar vulneraciones.

Este programa fue presentado ayer ante la Comisión de Trabajo y Empleo del Parlamento Vasco, por la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, y la subdirectora de la Inspección de Trabajo de Euskadi, Iciar González. El Plan de Gestión 2022-2024 pretende reforzar la Inspección de Trabajo del País Vasco para “garantizar un trabajo seguro, igualitario y con derechos para todas las personas trabajadoras”, según han explicado Pérez Barredo y González.

La viceconsejera explicó que el plan “detalla los recursos necesarios para reforzar el papel de la Inspección”. Además, afirmó que este organismo es un servicio público para garantizar que las empresas cumplan la normativa laboral y actuar, cuando esto no ocurre, con requerimientos y, en su caso, con sanciones. Por otra parte, indicó que la Inspección depende del Departamento de Trabajo funcionalmente y “se rige por su propia estructura interna, con criterios de imparcialidad y reserva de actuación”.

Las prioridades de la Inspección se establecerán en función de los planes de gestión, en cuyo seguimiento participarán los agentes sociales a partir de la propuesta realizada por la vicelehendakari, Idoia Mendia, y acordada en la Mesa de Diálogo Social. Esta tarea se lleva a cabo con inspectores y subinspectores, cuya transferencia al Gobierno Vasco ha sido realizada de forma parcial. La viceconsejera ha recordado que el Departamento de Trabajo ya ha solicitado al Gobierno central la transferencia completa de las competencias de inspección.

En este sentido, el ‘Plan de Gestión’ reconoce las “carencias” y la necesidad de ampliar las plazas. Desde el Departamento de Trabajo se ha subrayado que este es un compromiso que “se cumple” desde el Gobierno Vasco, pero que “no puede ni quiere impedir que los inspectores ejerzan sus derechos a traslados, bajas o excedencias”.

El plan contempla dos grandes retos. El primero de ellos es acompañar a las empresas y los trabajadores vascos en el contexto de la transformación del mercado de trabajo. Ese acompañamiento se traduce en “la lucha contra la precariedad laboral, el deterioro de la calidad del empleo y la temporalidad”, así como en “un mayor control” sobre los trabajadores extranjeros y comunitarios que presten servicios en Euskadi.

Asimismo, la Inspección de Trabajo tiene “un importante papel” en materia de control y fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y en la lucha contra la discriminación laboral, tanto por motivos de género como de discapacidad.