La futura Ley vasca de Empleo regulará el trabajo digno

Una vez elaborado, en un mes se deberá diseñar un plan personalizado de empleo, incluyendo las actividades formativas. La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, junto al viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, desgranó los contenidos del texto que se aprobó ayer miércoles para empezar su tramitación en el seno del Gobierno vasco.

Ahora se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones y la intención es aprobarlo en consejo de Gobierno antes de que finalice este año. Mendia subrayó que se trata de una ley "radicalmente nueva" porque es la primera ley de Empleo en Euskadi y porque incluye la regulación de cuestiones que nunca se habían llevado a un texto legal, como el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, siendo, por tanto, pionero en el Estado.

La vicelehendakari, que señaló que se trata de un primer borrador cuya elaboración comenzó en enero de este año, recordó que fue en 2010 cuando Euskadi asumió la competencia relativa a las políticas activas de empleo. Desde entonces, distintas instituciones y agentes, privados y públicos, han ido trabajando en este ámbito, si bien la competencia es del Gobierno vasco. Con esta ley, se pretende una mayor coordinación, de manera que el Departamento de Empleo y Trabajo liderará el espacio de concertación entre los agentes instituciones, sociales y de la sociedad civil y reconocerá por primera vez un espacio competencial propio a todos los niveles institucionales, como diputaciones y o ayuntamientos, a los que se quiere incorporar a esta cogobernanza.

Entre las novedades del texto, Mendia subrayó que la ley va a regular en Euskadi por primera vez la calidad en el empleo y, en concreto, define expresamente el trabajo digno como "aquel que brinda la oportunidad de realizar una actividad productiva a cambio de un ingreso justo, que ofrece seguridad en el lugar de trabajo, protección social, perspectivas de desarrollo personal, de participación, igualdad de oportunidades y favorece la integración social".

Derecho subjetivo

Además, esta ley va a regular, por primera vez en el Estado, el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo. "Lanbide deberá garantizar el derecho a una asistencia personalizada, a la formación y a la orientación laboral", explicó Mendia. Según la consejera, que cree que con esta ley se va a abordar el "mayor reto" al que se enfrenta Euskadi en materia de igualdad y competitividad, ya no se va a hablar solo de contar "con un trabajo seguro, bien pagado e indefinido", sino que "un empleo de calidad va a tener mucho que ver con la formación, con la actualización de las destrezas y competencias profesionales para saber adaptarse a los cambios, y esa capacidad de adaptación no puede ser sólo para quien se lo pueda pagar".

Ese reconocimiento supone, en la práctica, el derecho a una asistencia "personalizada, continuada y adecuada", de manera que Lanbide asignará un profesional de referencia que asumirá la tutorización de la persona usuaria. También se recoge el derecho al diagnóstico personal sobre la empleabilidad que deberá ser elaborado en el plazo de dos meses desde la petición del profesional de referencia o de la solicitud de la persona, que tendrá una validez de dos años, por lo que, pasado ese plazo se volverá a realizar. En el caso de los parados de larga duración se les realizará nuevamente al año y medio.

Formación. La futura ley reconoce el derecho a la formación en el trabajo para la adquisición de competencias que mejoren la empleabilidad. De salir adelante, Lanbide tendrá la obligación de ofertar formación, que puede ser rechazada, pero, en el caso de que quien decida no hacer la actividad formativa, sea perceptor de la RGI puede tener consecuencias, como la suspensión de la prestación. Los responsables del Departamento de Trabajo y Empleo pretenden ofrecer una formación "flexible".