Proyectos vascos de inclusión con parados de larga duración

Trescientos desempleados vascos de larga duración y que perciben el Ingreso Mínimo Vital o la Renta de Garantía de Ingresos van a participar en proyectos piloto de acompañamiento integral para su inclusión sociolaboral. A través de un convenio suscrito entre el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se van a destinar para este fin hasta 6,5 millones de euros procedentes de fondos europeos.

Según informó ayer martes la Consejería vasca, a través del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide se van a alcanzar convenios de colaboración con entidades locales de 20 municipios o comarcas en las que se ha detectado un alto índice de paro de larga duración y un grupo de población relevante de personas perceptoras de IMV o RGI. En la elección se han tenido en cuenta, además, criterios de proporcionalidad territorial y la existencia de mesas de inclusión.

La mitad se sitúan en Bizkaia y son Portugalete, Durango, dos zonas de Bilbao, Barakaldo, Sestao, Leioa-Erandio y las comarcas de Busturialdea, Encartaciones y Zona Minera. Otras siete están en Gipuzkoa, las de Lasarte, Eibar, Zumarraga, dos zonas de San Sebastián, Irún y la comarca de Tolosalde. Las tres restantes están Álava: Amurrio-Llodio y dos zonas de Vitoria-Gasteiz.

En función de la propuesta realizada por el Departamento de Trabajo y Empleo y acordada con los ayuntamientos, se van a poner en marcha 20 proyectos mixtos de empleo-formación, acompañados de itinerarios personalizados de orientación profesional. Estos proyectos serán promovidos o liderados por entidades locales y desarrollarán acciones de acompañamiento integral para lograr o mejorar la inclusión social y laboral de las personas participantes que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social y que, por del impacto económico provocado por la pandemia, han visto agravada su situación.

Los ámbitos de actuación en los que deberán circunscribirse son la mejora y rehabilitación de las viviendas y del entorno rural en los municipios o barrios más desfavorecidos o infradesarrollados, el acompañamiento y atención a la tercera y cuarta edad, o el cuidado y ayuda a grupos desfavorecidos, personas dependientes por discapacidad física o psíquica o en situación de enfermedad crónica.