El primer año del Brexit, que se materializó la medianoche del 31 de diciembre de 2020, se cumple con el comercio deprimido entre ambos lados del canal de la Mancha, las relaciones del Reino Unido y sus vecinos en las horas más bajas, y la misma incertidumbre que hace doce meses en Irlanda del Norte.

Londres ha evitado los peores escenarios que se anticipaban antes de la ruptura, en parte porque el impacto de la pandemia dificulta estimar los efectos directos del Brexit. Sin embargo, el comercio entre el Reino Unido y la UE se recupera con mayor lentitud que el resto de intercambios tras la crisis global, un efecto que los expertos achacan a la salida británica del mercado único.

Al mismo tiempo, el controvertido Protocolo para Irlanda del Norte, la piedra angular del acuerdo con Bruselas que tardó años en fraguarse, amenaza con derrumbarse con menos de un año de vida. El Reino Unido considera que está provocando demasiados problemas socioeconómicos en la región, por lo que exige renegociar sus términos con urgencia.

Si en las próximas semanas la UE no se aviene a suavizar los controles de mercancías acordados, eliminar el papel de los tribunales europeos para dirimir diputas comerciales y flexibilizar las normas sobre subsidios estatales en Irlanda del Norte, el Gobierno británico ha avanzado que dejará de aplicar ciertas obligaciones del protocolo de manera unilateral.

La Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido (OBR, en inglés) mantiene la misma predicción económica que hace cinco años, cuando se celebró el referéndum del Brexit. Estima que la ruptura con la UE recortará tanto las exportaciones como las importaciones británicas en un 15 % a largo plazo respecto a la evolución que habrían registrado dentro del bloque.

Ese frenazo supondrá un golpe del 4 % en el PIB del país. La pandemia de coronavirus, en comparación, solo le costará a las arcas británicas un 1,5 % del PIB, según ese organismo público.

Según un modelo elaborado por el grupo de pensamiento "Centre for European Reform", el pasado octubre -el último mes con datos completos- los flujos comerciales británicos se situaban 12.600 millones de libras (14.800 millones de euros) por debajo del nivel que habrían alcanzado con el país en el mercado único y la unión aduanera comunitaria (un 15,7 % menos).

Esa ralentización se ha producido cuando todavía no se han implementado con todo rigor los controles de mercancías que prevé el acuerdo del Brexit.

A partir de este 1 de enero, el Reino Unido retirará el periodo de gracia en el que permitía demorar las declaraciones aduaneras y los pagos arancelarios sobre las importaciones europeas hacia Gran Bretaña, que deberán ejecutarse de manera inmediata a partir de ahora.

El Gobierno británico aspiraba a dejar lista la negociación sobre el Protocolo para Irlanda del Norte en las últimas semanas de diciembre, pero tras numerosas rondas de contactos con Bruselas sin avances significativos, aceptó demorar la resolución del problema hasta principios del próximo año.

El proceso se ha cobrado además una nueva víctima: el hasta ahora negociador del Brexit británico, David Frost, que presentó su dimisión bajo el argumento de que no está de acuerdo con la "dirección de viaje" del Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson.

A las riendas del Brexit está ahora la ministra de Exteriores británica, Liz Truss. En sus primeras declaraciones sobre las negociaciones ha dado entender que mantiene la misma línea dura de Frost y exigirá a Bruselas eliminar del acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una de las cuestiones más espinosas sobre la mesa.

Con todo, el anterior negociador británico avanzó antes de abandonar el puesto que el Reino Unido está dispuesto a firmar en las próximas semanas un primer acuerdo "temporal" mientras se dirimen los asuntos más difíciles, una posibilidad sobre la que Truss todavía no se ha pronunciado.

El Protocolo norirlandés lleva incorporada una cláusula que permite a una de las partes desactivar las disposiciones que considere demasiado dañinas. Invocarlo abriría un proceso de arbitraje bilateral, además de una profunda crisis política.

En función de los aspectos que el Gobierno británico dejara de cumplir, la Unión Europea propondría represalias equilibradas contra el Reino Unido, que podrían incluir medidas como aranceles sobre ciertos productos.

Los expertos anticipan que ese escenario podría llegar a desencadenar una guerra comercial, con una espiral de medidas y contramedidas por parte de ambos lados del canal de la Mancha.

En las últimas semanas se ha llegado a especular con la posibilidad de que la UE decidiera dar por anulado por completo el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido, una decisión extrema con la que el Brexit volvería a la casilla cero y abocaría a ambos lados, una vez más, al abismo de una ruptura sin acuerdo.