Las Cortes Generales aprobaron ayer miércoles la primera parte de la reforma de pensiones, que recupera el IPC como referencia para revalorizar las prestaciones y que supone el fin del factor de sostenibilidad, que no ha llegado a entrar en vigor. Tras pasar en las últimas semana por el Congreso y el Senado para su debate y aprobación, la norma será efectiva a partir del 1 de enero de 2022.
Con esta Ley, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se recogen las principales recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020. Su contenido fue pactado con las organizaciones sindicales y empresariales el 1 de julio de 2021.
La nueva norma fija que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En 2022, la subida será del 2,5% para las pensiones contributivas. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada. Además, se incorporan diversas medidas dirigidas a acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación. Se fijan cuatro vías de actuación: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.
Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad a los futuros pensionistas y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras más largas.
