El Gobierno escuchará la opinión de las compañías eléctricas para intentar conciliar los intereses de todos los sectores afectados por la escalada del precio de la luz, a la que el Gobierno ha intentado poner freno con un reciente plan de choque con medidas fiscales y regulatorias.
Así lo ha señalado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las declaraciones de Rodríguez se producen en plena ronda de reuniones de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con los principales directivos de las compañías eléctricas para conocer su opinión sobre las medidas que incluyen dicho plan de choque, una de las cuales afecta directamente a la cuenta de resultados de las compañías al minorar sus ingresos en unos 2.600 millones.
En el marco de esta ronda de contactos, Ribera se entrevistó la pasada semana con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y esta semana está previsto que se reúna con los máximos responsables de Iberdrola y de Naturgy.
Rodríguez ha señalado que desde el Ministerio de Transición Ecológica se intenta conciliar los intereses de consumidores, familias, industrias y empresas energéticas en el marco de las medidas adoptadas para "racionalizar" el precio de la energía. "Creo que este Gobierno ha demostrado en todo momento capacidad de diálogo", ha enfatizado Rodríguez, quien ha señalado que por supuesto se tendrán "en consideración" las opiniones de las compañías durante la fase de diálogo que se ha abierto con ellas.
Rodríguez ha incicido en que la subida del precio mayorista de la luz, que se mantendrá este martes 12 de octubre en 184,29 euros el megavatio hora (MWh), un precio similar al de este lunes pese a ser un día festivo y con menor demanda, es un asunto que afecta a la vida cotidiana de ciudadanos y empresas.
Ha recordado que el Ejecutivo ha adoptado medidas estructurales para cambiar el modelo energético, propiciando un mayor peso a las energías renovables, seguidas de medidas de choque para atajar las subidas y finalmente de un plan específico dirigido a que la inmensa mayoría de las familias haya pagado a finales de este año un recibo similar al de 2018 descontando la inflación.
Además, ha recordado que desde el primer momento el Gobierno ya avisó de que no es una cuestión que afecta solo a Estado español, sino que que tiene impacto a nivel internacional, por lo que "hay que enfocarlo desde la UE, planteando la necesidad de una regulación armonizada", ha concluido.
La pasada semana, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió la puerta a introducir modificaciones en las medidas adoptadas hasta ahora, en línea con las que espera que plantee la Comisión Europea para enfrentar la escalada en el precio de la electricidad, ya que apuesta por "una solución de ámbito europeo".
Señaló que, en caso de que la Unión Europea plantee medidas, está dispuesta a adoptarlas y descartar las medidas adoptadas en el ámbito nacional. Es más, hace apenas unos días el Estado español ha firmado una declaración junto con Francia, Grecia, Rumanía y República Checa en la que reclaman una respuesta europea que contemple, entre otras medidas, la reforma del mercado mayorista.
El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves el decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Gobierno en 2.600 millones de euros.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, recoge una batería de medidas dirigidas a frenar la histórica escalada de los precios energéticos en los últimos meses, a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de CO2.
