La factura de la huelga de estibadores en el Puerto de Bilbao le está costando muy caro a la propia Autoridad Portuaria de Bilbao, a las empresas que operan en la dársena vizcaina y a la economía vasca en general. Y los datos de pérdida de tráfico de mercancías empiezan a ser preocupantes pues en un mes de paro de los trabajadores de la estiba se ha reducido en dos tercios la mercancía general y más de la mitad de la transportada en contenedores, según fuentes de Bilboestiba-CPE.

En concreto, el citado Centro Portuario de Empleo señaló que el Puerto de Bilbao ha perdido un 67% de la mercancía general y un 54% del tráfico de contenedores durante la huelga de los estibadores, que este pasado lunes cumplió un mes.

Como se recordará, la figura del Centro Portuario de Empleo (CPE) es un tipo específico de empresa de trabajo temporal (ETT) destinada a la gestión del personal de la estiba portuaria creada para adaptar la labor en los puertos a los decretos de reforma para la liberalización del sector, (Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, y Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo). Y en teoría, la transformación realizada hace un año en Bilboestiba trataba de proporcionar estabilidad laboral y mejorar la productividad en el nuevo escenario del mercado marcada por las reglas de la Comisión Europea.

A partir de la puesta en marcha del CPE, las cuatro compañías que integran Bilboestiba, (Cosco CSP, Toro y Betolaza, Servicios Logísticos Portuarios-SLP y Bergé), pueden contratar a través de él los estibadores que anteriormente solicitaban a la SAGEP que era la figura jurídica de la sociedad de estiba hace un año.

Pero la visión de empresas y estibadores sobre la liberalización de la actividad estibadora difiere frontalmente, de ahí el conflicto laboral que está lastrando la competitividad del puerto vizcaino hasta el punto de que la Autoridad Portuaria de Bilbao y las empresas abogan por un arbitraje que vincule a las partes para evitar el hundimiento del puerto. El problema es que la mercancía que no circula por el puerto vasco lo hace por los de la competencia generando negocio fuera de Euskadi pese a que la problemática que subyace tras el conflicto laboral por el convenio es muy similar en la mayoría de los puertos de interés general del Estado, ya que no es otra que la oposición sindical a la liberalización de las actividades de la estiba.

La mercancía general, contenedores incluidos, es la de mayor valor añadido de un puerto y el fuerte descenso registrado en los muelles vizcainos no se corresponde, ni de lejos, con el declive del tráfico marítimo por la notable caída de la economía debido a los efectos de la pandemia.

De hecho, los últimos datos oficiales de los 46 puertos de interés general del Estado señalan que en el pasado mes de setiembre el tráfico de mercancías se redujo, de media, el 6,9% con respecto al mismo mes del año anterior, pero el de mercancía en contenedores creció el 4,9%.

En los nueve primeros meses del año, en los puertos del Estado se ha producido un descenso medio del 10,7% respecto al mismo período de 2019, pero unos ganan y otros pierden porque hay dársenas que sólo han perdido el 2,6% y otras, el 29,7%.

Y Bilbao con este conflicto está situándose entre los perdedores y para largo. En concreto, entre el 9 de octubre y el 9 de noviembre, se registraron 43 escalas de buques menos (-21%) con respecto a los 30 días anteriores, que han supuesto la reducción del 55% de las toneladas de carga seca manipuladas en los muelles.

"Ilegales"

Como muestra del nivel de desencuentro existente entre las partes, un ejemplo es que Bilboestiba CPE rechaza valorar la última propuesta sindical porque, en su opinión, "vulnera la legislación vigente". En concreto, los sindicatos de la estiba insisten en mantener las "tareas complementarias o servicios comerciales en términos análogos a los contenidos en la redacción del convenio actual".

A juicio de las cuatro empresas estibadoras agrupadas en Bilboestiba, este planteamiento es totalmente "innegociable", al haber sido declarado "ilegal" por la CNMC así como por sucesivas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.