El Gobierno llevó el pasado miércoles al Congreso de los Diputados el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya aprobados en el último Consejo de Ministros.

Con intención de que entren en vigor en 2021, los PGE supondrán sustituir a los de Cristóbal Montoro de 2018, e incluyen medidas como limitación de alquileres, subida de IVA al diésel, plástico y refrescos, subida de impuestos o la subida de pensiones entre otros.

Los presupuestos contemplan también que el gobierno cree antes de fin de año el fondo público de pensiones, según publicó ayer el diario El País.

Esta iniciativa del Ejecutivo para promover un ahorro complementario a la futura pensión, está pensado para quienes no tienen acceso a los planes de pensiones privados con las ventajas de los empleados de grandes empresas. Así, según El País, permitirá acogerse a autónomos, pequeñas y medianas empresas y a trabajadores del sector público, entre otros.

"En el plazo máximo de 12 meses, el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo donde se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción", señala el proyecto de cuentas públicas en una disposición adicional.

El fondo será de titularidad pública y como varios medios informan, la gestión de este será privada aunque con un sistema de control definido. Se sigue así el camino marcado desde el Pacto de Toledo que recomienda estimular el ahorro privado para complementar la pensión pública.

Sobre la adhesión a estos fondos, el texto señala que podrán acogerse "los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones".

También los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto.

"Igualmente, estos fondos de pensiones públicos podrán canalizar inversiones de otros fondos de empleo que así lo decidan con un nivel de gastos que incentive la competencia en el sector", añaden los Presupuestos.

Es decir, se habilitarán instrumentos para que los trabajadores tengan la opción de migrar su plan individual al colectivo que les ofrezca su compañía dentro del nuevo fondo público, así como planes ya existentes de empresas que prefieran este plan.

Pensiones

Por otro lado, el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2021 establece una revalorización del 0,9% de todas las pensiones contributivas de la Seguridad Social. El incremento será del 1,8% para las no contributivas y para el ingreso mínimo vital. Las cuantías varían en los distintos supuestos de aplicación (edad, cargas familiares o invalidez), siempre con ese alza del 0,9%.

Así, según la documentación remitida al Congreso de los Diputados, la pensión mínima de jubilación para una persona mayor de 65 años y sin cónyuge a cargo se fija en 686,70 euros al mes por 14 mensualidades (9.655,80 euros al año). Implica 6,2 euros más al mes que en 2020.

En el caso de que esta persona tuviera un cónyuge a su cargo esa pensión aumentará, hasta los 851 euros o 11.914 anuales.

La prestación es inferior si el titular es menor de 65 con un cónyuge a su cargo (797,8 euros, 11.170 anuales). En el caso de que el pensionista de esta edad no tenga a nadie a su cargo la pensión será de 645,30 euros al mes y 9.034,20 anuales.

En los supuestos de gran invalidez, para mayores de 65, la prestación mínima será de 17.871 euros anuales, para los pensionistas con cónyuge de 14.484,4 y de 13.746,6 euros para los que no lo tengan a su cargo.

Viudedad y orfandad

Según consta en el proyecto de Presupuestos Generales, en el caso de las de viudedad, quienes tengan cargas familiares cobrarán 797,9 euros al mes; 7,2 euros más que este año (11.170,6 anuales).

También en las pensiones por viudedad, los titulares de 65 años o con discapacidad en grado igual o superior al 65% cobrarán 9.655,8 euros al año; entre 60 y 64 años, 9.034,2 euros; y con menos de 60 años, 7.315 euros.

En las pensiones por orfandad, la ayuda por beneficiario se fija en 2.951,2 euros al año, cantidad que se eleva en 7.315 euros para la orfandad absoluta, que se repartirá, en su caso, entre los perceptores de una misma pensión.

La ministra ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo para renovar el futuro de las pensiones. Ha afirmado que resulta evidente la necesidad de garantizar el mantenimiento de las pensiones, "cuando tenemos un colectivo particularmente golpeado por la pandemia".