Es uno de los grandes temores entre los agentes económicos y sociales, y la preocupación ha saltado también al ámbito institucional. ¿Qué va a pasar cuando se terminen definitivamente las ayudas públicas a los ERTE? ¿Podrán esas empresas que a duras penas han resistido estos meses mantener a toda su plantilla? Ante el difícil escenario que se presenta este próximo otoño cada vez más voces coinciden en reclamar una prórroga de las bonificaciones a estas medidas de suspensión más allá de finales de septiembre, a las que ayer se sumó el presidente del CRL vasco, Tomás Arrieta: "Los ERTE han sido un instrumento muy eficaz para mantener el empleo. No podemos desperdiciar lo conseguido hasta ahora".
El presidente del Consejo de Relaciones Laborales vasco se mostró ayer claramente a favor de mantener los ERTE bonificados al menos hasta final de año, incluso planteó la necesidad de activar más medidas de apoyo a ciertos sectores desde la administración, sobre todo para hostelería y comercio. "Es verdad que los ERTE suponen un esfuerzo presupuestario enorme, pero precisamente por eso no debemos desperdiciar lo que se ha conseguido hasta ahora", señaló en Radio Euskadi.
El Gobierno español gastará en este apartado entre mediados de marzo y finales de septiembre en torno a 25.000 millones de euros, incluyendo las exenciones en el pago de cotizaciones sociales. Una factura muy abultada que crecería aún más si Pedro Sánchez decide llevar los ERTE por covid hasta fin de año, como vienen reclamando empresarios y sindicatos.
Ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, remarcaba también la necesidad de mantener los ERTE más allá de septiembre en las actividades más afectadas sobre todo ahora que el aumento de los rebrotes en todo el Estado español obliga a aplicar nuevas restricciones en sectores como la hostelería, la movilidad y el ocio y el turismo en general. La patronal española coincide en esta necesidad, incluso ya ha planteado en más de una ocasión que hace falta poner en marcha desde la administración más medidas de apoyo a la empresa, incluyendo un mayor ahorro fiscal, para evitar una oleada de despidos en otoño.
Los ERTE han tenido en Euskadi un importante papel durante la pandemia, y aunque a un nivel menor lo siguen teniendo. El número de vascos con su contrato suspendido por un expediente ligado al covid llegó a rozar los 200.000, aunque en estos momentos es bastante más bajo, de unas 40.000 personas. Del resto, la gran mayoría han vuelto a la faena mientras que una pequeña porción forma parte del grupo de trabajadores que han perdido su empleo desde mediados de marzo.
"Tengo muy claro que sí, que los ERTE han sido un instrumento muy eficaz para preservar el empleo. Particularmente el tipo de ERTE de fuerza mayor que intensifica la protección a trabajadores y a empresarios", incidió ayer Arrieta, y señaló que se trata de un mecanismo de "flexibilidad bien entendida, de la buena", ya que es una medida acordada por empresa y trabajadores siempre con el objetivo de evitar despidos.
¿Qué ocurrirá cuando el Gobierno español decida que se acaban las ayudas? ¿Se convertirán los ERTE en ERE? "Hay que evitar el alarmismo pero debemos ser realistas. Lo que pase dependerá de lo que hagamos, tenemos que ser imaginativos y proactivos", lanzó Arrieta, partidario de complementar los ERTE con otros acuerdos en la empresa como el teletrabajo o, temporalmente, "actuar sobre las condiciones del empleo", incluyendo "eventuales reducciones de salarios siempre para mantener el empleo", dijo.
Parón en los convenios
Arrieta se refirió también al parón que sufre la negociación colectiva vasca desde que comenzó la pandemia al estar centrados empresarios y sindicatos en asuntos más urgentes, como los propios ERTE. "Aunque sea paradójico, la situación es relativamente buena en comparación con los últimos cinco años porque habíamos hecho los deberes antes. Gracias a que los convenios se firman para varios años ahora uno de cada dos trabajadores tiene un convenio en vigor", valoró, y animó a patronales y sindicatos vascos a "echarle imaginación" y a buscar fórmulas alternativas a la reunión presencial para retomar las mesas negociadoras en la segunda parte del año.
