- El Juzgado número 3 de Sabadell ha declarado nulo el despido de una empleada con un contrato temporal por obra y servicio extinguido el pasado 27 de marzo, durante el estado de alarma, y ha determinado la obligación de la empresa a readmitirla y a abonarle los salarios de tramitación correspondientes.

El fallo se basa en el artículo 2 del Real Decreto 9/2020 que aprobó el Gobierno nada más arrancar el estado de alarma decretado por el coronavirus en el que se establece que no se puede despedir por fuerza mayor, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas del covid-19.

En concreto, el artículo 2 establece que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada derivadas de coronavirus "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido".

En un comunicado, UGT celebraba ayer esta sentencia, que espera que sirva a las empresas de advertencia "para no ir contra los mecanismos de salvaguarda y protección del empleo instaurados por ley durante la pandemia". Para UGT, la finalidad del artículo 2 del Real Decreto 9/2020 es impedir que, en una situación transitoria de crisis o emergencia, "se produzca una avalancha de despidos y extinciones de contratos". "UGT espera que esta resolución judicial tenga una proyección ejemplarizante sobre todas aquellas conductas e interpretaciones que pretenden restringir los mecanismos de salvaguarda y protección del empleo instaurados por la normativa frente al covid-19", subrayó.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao decretó ayer la extinción de los 141 trabajadores de la plantilla de Araluce en un auto en el que afirma que la empresa y Batz S. Coop., al que pertenecen, constituyen un "Grupo Patológico de Empresas", según informó ELA, que tiene previsto recurrir la resolución. El sindicato lamenta estos despidos en una empresa "con carga de trabajo" como Araluce e indica que recurrirá la extinción de los contratos. Por otro lado, el sindicato destaca que el Juzgado reconoce "la responsabilidad directa de Batz S. Coop. en todo este procedimiento. "El auto viene a confirmar en este sentido lo que desde ELA veníamos diciendo, que Batz ha sido la responsable de llevar a una empresa con carga de trabajo como Araluce a una situación dramática para 141 familias", añadió. A su juicio, la responsabilidad de Batz en "un procedimiento plagado de irregularidades" ha quedado "constatado", y, en este sentido, "la cooperativa se va a tener que responsabilizar de los efectos de los despidos".