- El decreto de la nueva normalidad aprobado en junio fija una serie de obligaciones que las empresas deben cumplir en este nuevo tiempo. El objetivo es reducir el riesgo de contagio del virus. Obliga a vigilar que haya un metro y medio entre los trabajadores, que haya gel hidroalcohólico o que no se produzcan aglomeraciones.

En el caso de que las empresas no cumplan las medidas, la inspección de Trabajo podrá actuar si considera una infracción grave castigando a las compañías con una multa que va de 2.046 hasta 40.985 euros, según se publicó ayer en el BOE.

Las empresas deberán adaptar sus centros de trabajo y "adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección", asegurarse de tener "agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes virucidas" y garantizar "el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1,5 metros [...] o proporcionar a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo", como se menciona en el decreto.

El Gobierno, para garantizar el cumplimiento de las normas, ha habilitado a los inspectores de Trabajo y a los subinspectores a vigilar estas nuevas reglas, ya que de normal se encargan de las medidas de seguridad e higiene laboral. Los técnicos de las comunidades autónomas, que habitualmente tienen funciones de prevención de riesgos laborales, también tendrán el papel de vigilar las nuevas normas.

Si dichos funcionarios detectan que las empresas no cumplen con las obligaciones, podrán imponer una sanción que se considera grave en la ley de infracciones y sanciones en el orden social. En esta ley se establece que los incumplimientos sobre prevención de riesgos laborales de este nivel tienen un multa que va desde los 2.046 euros hasta los 40.985 euros. La cantidad concreta la impondrá el inspector en función.

El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social han aprovechado la decisión del ejecutivo para reclamar más recursos y personal. Explican que les han añadido más tareas y, sin más medios, "esto se quedará en papel mojado".

Gobierno y agentes sociales. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, mantuvo ayer una reunión con los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme con el objetivo de fijar un calendario de negociaciones para la regulación del Trabajo a Distancia. Según el anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia que ha elaborado el Gobierno y que tiene como marco el acuerdo europeo sobre teletrabajo, los empleados que teletrabajen tendrán derecho al "horario flexible" y podrán "alterarlo" respetando la normativa, salvo en el caso de los tiempos de disponibilidad obligatoria o los límites que se hubieran acordado.