BILBAO - La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha comunicado el desmantelamiento de un presunto cártel de empresas dedicadas al sector de montajes industriales y mantenimientos de instalaciones fabriles formado por 19 compañías y que llevaba 17 años actuando de forma coordinada. La CNMC ha impuesto una multa total de 54,26 millones de euros a las firmas implicadas. La mayor cuantía, 17,5 millones de euros, ha recaído en dos filiales -Masa Industrial y Maessa- del grupo ACS que preside Florentino Pérez.
Según resaltó la organización presidida por José María Marín Quemada, las empresas tenían acuerdos y un sistema organizado para repartirse un buen número de contratos licitados por empresas privadas en el sector de la energía. Como suele ser habitual en estos casos, la situación se ha conocido gracias al “chivatazo” de una de las compañías implicadas.
En concreto, el descubrimiento de su operativa ha sido posible gracias a la denuncia presentada por una de las empresas, Navec, que formaban parte de este grupo y que ha sido eximida de sanción, al tiempo que otra más ha colaborado mediante la entrega de pruebas para reducir su sanción.
Entre las compañías implicadas la CNMC también ha denunciado a dos firmas vascas Tamoin y Montajes Barbadun.
Las mayores sanciones económicas han recaído en Masa Industrial-ACS, 14 millones de euros; Navec, 9,4 millones; Imasa, 9,2 millones; y Meisa, 4,85 millones de euros.
Las dos firmas vascas tendrán que afrontar un multa de 3,44 millones de euros en el caso de Tamoin y 38.577 euros en el de Barbadun.
Según la CNMC desde el 18 de enero de 2001 hasta la realización de las inspecciones en julio de 2017, el cártel de montajes y mantenimiento se habría repartido al menos 746 licitaciones que correspondían a una veintena de clientes. «Se han acreditado al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel», señala la CNMC.
El objetivo del cártel era encarecer los precios de los servicios prestados fundamentalmente a empresas del sector eléctrico y petroquímico.
Competencia desveló la forma de operar de este grupo para repartirse las contrataciones, un modelo que fue evolucionando a lo largo del tiempo. «En una primera etapa la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje. En una etapa posterior, las empresas se intercambiaban versiones de archivos Excel, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura.».
El montaje y el mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de calidad, así como de seguridad y medioambientales. Algo entendible cuando se habla de refinerías de petróleo, centrales eléctricas o plantas químicas. Por las Repsol, Petronor o Iberdrola de turno contratan los servicios a empresas muy especializadas como las implicadas en el cártel citado.
