GASTEIZ. Los sindicatos, a los que el Ejecutivo vasco ha reprochado su "maximalismo", han criticado, a su vez, que el Gobierno solo se dedica al "marketing" y que "no deja el menor resquicio" a la negociación.

ELA, a través de un comunicado, ha lamentado que el Ejecutivo haya vuelto a rechazar sus propuestas salariales, de empleo, igualdad y de "recuperación de los derechos laborales recortados". El sindicato ha acusado al viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, de no haber realizado "ninguna propuesta "de consolidación de empleo temporal, cuando Euskadi "ostenta el triste récord de tener las tasas más altas de temporalidad en el sector público de todo el Estado y de Europa".

Esta organización ha denunciado que el Ejecutivo mantiene una posición "absolutamente irresponsable", que tiene "graves consecuencias" en las condiciones de vida de los trabajadores públicos y en la calidad del servicio público que se ofrece a la sociedad vasca.

ELA considera que la propuesta gubernamental para incrementar los salarios en un 2% para 2020 "se sitúa por debajo de los márgenes permitidos por el Estado". Además, ha señalado que de aplicarse este incremento, la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos en el último decenio se mantendría "por encima del 13%". En el caso de las aportaciones a Itzarri, ha censurado que el Gobierno propone una subida del 0,5% en diciembre, con lo que "se mantendría todavía un recorte del 1%".

CONSOLIDACIÓN

La organización sindical ha pedido al Gobierno que vaya "más allá de campañas de marketing" y muestre "una voluntad negociadora real". ELA ha presentado una propuesta en materia de empleo para estabilizar y consolidar a más de 40.000 empleos públicos, así como el establecimiento de mecanismos "efectivos" que impidan que las tasas de temporalidad actuales se repitan.

Desde LAB se ha reclamado un modelo de negociación "integral y propio" en la Mesa General. El sindicato también ha acusado al Gobierno de "limitar" la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores públicos a la subida salarial de 2020, todo ello "en el contexto de una falsa negociación".

EVITAR "INJERENCIAS"

LAB, que ha criticado la "irresponsabilidad" del Ejecutivo, ha reivindicado "un modelo de negociación real desde Euskal Herria, evitando injerencias y respetando las mayorías y necesidades de aquí".

Asimismo, ha exigido que se supere el modelo "chapucero" de negociación colectiva, en el que se limitan "de antemano" los temas que son objeto de debate. A su juicio, es necesario un nuevo sistema en el que se pueda dar respuesta a "todas las necesidades de los trabajadores ", como las referidas a cuestiones de estabilidad, convocatorias públicas, igualdad, euskera o planes de salud laboral.

En materia salarial, LAB ha reclamado un plan para "recuperar el poder adquisitivo" de los empleados públicos. Asimismo, en caso de que existan fondos complementarios, ha exigimos negociar los objetivos en ámbitos como la reducción de la brecha salarial o la "dignificación" de la situación de las categorías más bajas.

CHAPUZA

Por otra parte, ha alertado de la necesidad de una "ley propia" para reducir la tasa de temporalidad y estabilizar la contratación. No obstante, ha censurado que el Gobierno vasco, "en lugar de abordar este asunto con responsabilidad, sigue por el camino de la chapuza".

Por su parte, CCOO también ha criticado la "inexistente voluntad negociadora" del Gobierno, al que ha acusado de convertir la Mesa General de la Función Pública "en un espacio meramente informativo".

"RACANEAR"

CCOO ha acusado al Ejecutivo de "racanear" en la subida salarial de los empleados públicos, al considerar que sus propuestas son "insuficientes". Esta organización ha acusado al Gobierno Vasco de "ignorar" las posibilidades que abre el 'Segundo Acuerdo Para la Mejora del Empleo Público' suscrito en el Estado, en materias como la recuperación de la negociación colectiva y de los derechos laborales.

Además, ha censurado que el área de Función Pública "no ha dejado el menor resquicio" a la negociación, al poner sobre la mesa una propuesta "cerrada". CCOO ha planteado una propuesta de un reconocimiento de deuda a los y empleados públicos, que sirva para continuar el proceso de recuperación del poder adquisitivo de este personal, que ha cifrado en torno al 14% desde el inicio de la crisis.

Por otra parte, ha afirmado que deben adoptarse medidas para mejorar la calidad del empleo en Euskadi, donde la temporalidad está "disparada". "Existe una tremenda distancia entre lo que las dos partes de la mesa entienden por negociar", ha manifestado, tras lo que ha invitado al Gobierno a "recuperar la vía de la negociación real con el objetivo de alcanzar acuerdos que beneficien a ambas partes".

A su vez, UGT ha criticado la "dejación" del Ejecutivo, "al no contemplar ni como previsión los incrementos acordados en el caso de crecimiento económico". También ha censurado la "nula voluntad" del Gobierno para negociar el destino que deben tener los incrementos con cargo a los fondos adicionales.

"Función Pública pretende determinar, de forma unilateral y sin previa negociación, el destino de cualquier partida salarial correspondiente a fondos adicionales", ha manifestado. A juicio de UGT, este modo de actuar "vulnera" el Acuerdo de Empleo 2018 y la "obligatoriedad" de pagar a los empleados públicos "lo que realmente les corresponde y conforme a lo que se decida en la negociación colectiva".

Este sindicato ha asegurado, además, que ha sido el "único" que ha presentado en la Mesa General "propuestas para la mejora de las condiciones de trabajo" de los empleados públicos. Entre dichas propuestas se encuentra las referidas a la conciliación familiar, con nuevas mejoras para cuidados de hijos, personas mayores y personas dependientes; y jubilacio*n anticipada, con la recuperación de primas y reducciones de jornada por este motivo.

UGT ha lamentado la "falta de voluntad negociadora" de la Administración, así como la "impasibilidad" de los otros sindicatos y su "carencia de iniciativas para presentar propuestas de negociación que mejoren las condiciones laborales de los empleados públicos vascos".