EMPRESA DE ERANDIO

Sindicatos denuncian que Cables y Alambres plantea el despido "unilateral" de 35 trabajadores

ELA y LAB acusan a la empresa, del Grupo Vicinay, de "falta de compromiso con el empleo y de querer un cheque social en blanco"

09.02.2020 | 12:49
Empresa Cables y Alambres en Erandio.

ELA y LAB acusan a la firma, de Grupo Vicinay, de "falta de compromiso con el empleo"



BILBAO. En un comunicado, ambos sindicatos han exigido a la dirección de la empresa "un plan industrial real, en ningún caso despidos", ya que tras tres reuniones con el comité, "la empresa ha dejado unilateralmente los despidos en 35 personas".

Ante este ERE de Extinción, LAB y ELA han manifestado en su escrito conjunto su "más firme rechazo" porque pretende "destruir puestos de trabajo, mutilar en gran medida las condiciones laborales de las personas que quedan fuera del ERE y ponen en riesgo el proyecto industrial y, con ello, empleo futuro".

En ese sentido han afirmado desconocer "cómo querrían relanzar Cables y Alambres porque la empresa no ha presentado ningún plan industrial, sino solamente declaraciones de intenciones imposibles, dependiendo de una eventual financiación no garantizada y con 35 trabajadores menos, es imposible garantizar la producción".

Los sindicatos recuerdan que han ofrecido, como alternativa a los despidos, "salidas voluntarias e incentivadas, recolocaciones en las empresas de grupo y prejubilaciones", a la vez, que han solicitado "garantías para el resto de la plantilla en términos de empleo, de condiciones laborales y de materialización de las inversiones necesarias".

Para ELA y LAB, sin embargo, "la negativa de la empresa de intentar soluciones menos traumáticas ha estado acompañada de la búsqueda de la ruptura de un criterio único como comité de los trabajadores, con la intención de facilitar una restructuración fácil y barata para el Grupo Vicinay".

DUDOSO PLAN INDUSTRIAL.

Ambas centrales sindicales han trasladado que no han encontrado "novedad alguna en la propuesta hecha por la empresa, y la falta de compromisos con el empleo y las condiciones laborales esconden la naturaleza del plan de dudoso carácter industrial, cuya financiación real se basa en la mutilación actual y futura del volumen de empleo y de las condiciones del mismo".

Desde su punto de vista, "un cheque social en blanco no puede sustituir a una voluntad real de apostar por Cables y Alambres", empresa que recuerdan, "se asienta sobre unos terrenos que el PGOU del municipio contempla como zona residencial, es decir, hay pendiente una futura recalificación de esos terrenos para su uso residencial".

En este sentido, han recordado que la entrada del Grupo Vicinay en Cables y Alambres en 2015 se llevó a cabo "tras alcanzar un acuerdo con los anteriores accionistas de la empresa, Gobierno Vasco y Diputación de Bizkaia, propietarios estos últimos, hasta entonces, de los terrenos donde se asienta la fábrica, a través de la sociedad Socade.

La compra de esos terrenos, prosiguen los sindicatos, "fue financiada por el Instituto Vasco de Finanzas, quien otorgó un crédito al Grupo Vicinay para materializarla y en el acuerdo con las instituciones tenía como premisa para la adquisición definitiva de los terrenos por parte del Grupo Vicinay el mantenimiento de la actividad hasta 2020".

VENTA DE TERRENOS.

Sin embargo, el pasado mes de diciembre los terrenos fueron vendidos definitivamente al Grupo, quien creó a tal efecto una sociedad inmobiliaria para hacerse con los terrenos que dejaban así de pertenecer a Cables y Alambres y, ahora, "la empresa exige llegar a un acuerdo con el comité para ejecutar los despidos sin ofrecer garantías, sin tomar ningún tipo de compromiso a futuro y con un Grupo Vicinay que no asume responsabilidades".

Para ELA y LAB, lo que la dirección de la empresa está haciendo es "exigir un cheque en blanco planteando como única alternativa llevar la empresa a liquidación si el ERE no va con acuerdo".

En este punto, han acusado a la dirección de la empresas de practicar, "con la participación y colaboración de Gobierno Vasco y Diputación, una política basada en pilotar un proyecto financiado a crédito cuya única garantía está siendo la reducción de costes laborales".

Para los sindicatos vascos, en cambio, "la viabilidad de Cables y Alambres no pasa por los despidos, sino por un plan de viabilidad que contemple las inversiones necesarias en una fábrica en la que el estado de las máquinas e instalaciones no garantiza las medidas de seguridad necesarias ni la producción".

Por ese motivo, han exigido "un plan real que aleje los fantasma de la especulación inmobiliaria y dé paso a la creación de un proyecto industrial con viabilidad económica y de futuro" para lo que, "si es necesaria la recalificación de los terrenos y posterior venta para posibilitar una operación de traslado de la fábrica a otra ubicación dentro del municipio", ambos sindicatos han mostrado su disposición a "abordar un proceso de reconversión que sea respetuoso con el empleo y las condiciones laborales".

Ante esta situación, ELA y LAB han señalado que esperan que "tanto Gobierno vasco como Diputación asuman la parte de responsabilidad que les corresponde y demuestren la voluntad e iniciativa política necesaria para realizar una apuesta real por el tejido industrial vasco".