GASTEIZ. La iniciativa, presentada por todos los grupos parlamentarios vascos excepto por el PP, ha sido respaldada en la Cámara de Gasteiz por unanimidad al sumarse también en la votación los parlamentarios populares.

La Cámara aprobó la misma proposición de ley el 19 de mayo de 2016, pero no pudo ser tramitada ante el Congreso tras ser rechazada por la Mesa. Además contó con el criterio en contra del Gobierno de Mariano Rajoy.

Meses después, el 9 de febrero de 2017, la Cámara vasca volvió a aprobar por unanimidad una proposición de ley similar. En este caso el Congreso, el 10 de octubre de ese año, aprobó la tramitación de la iniciativa con el apoyo de todos los grupos excepto del PP, que se abstuvo.

No obstante, aunque los grupos trabajaron en su contenido en la comisión correspondiente el Congreso la iniciativa decayó tras la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales del pasado 28 de abril.

En la exposición de motivos de la proposición de ley se señala que en España, entre 1994 y 2008, hubo 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto y se añade que la previsión es que hasta 2023 siga aumentando el número de casos, aunque a partir de esa fecha se estabilizarán las cifras.

También se argumenta que se ha probado científicamente que existe una relación directa entre el amianto y el mesotelioma, y se constata que España no cuenta aún con un fondo de compensación para estas víctimas como sí existe en otros países como Francia, Holanda y Bélgica.

Además se subraya que aunque el amianto ya no existe como problema preventivo, la cuestión radica en que los daños provocados se manifiestan años después y están generando una gran cantidad de litigios.

Asimismo la iniciativa recuerda que el principal problema es que muchas de las empresas en las que se produjo la exposición al amianto han desaparecido cuando la enfermedad se ha manifestado, lo que supone una dificultad añadida para las víctimas.

El fondo de compensación, considera el Parlamento Vasco, permitirá que los afectados vean compensado el daño.

Propone que este fondo sea gestionado a través de un organismo autónomo adscrito al ministerio correspondiente con competencias en materia de seguridad social.

Una vez que ha sido aprobada esta proposición de ley, la Cámara de Vitoria deberá nombrar a los parlamentarios delegados que la defenderán ante el Congreso si la Cámara Baja acepta su tramitación.