BILBAO - El ruido de urnas ha echado por tierra el frágil entendimiento político sobre el que iban a sentarse las bases del futuro de las pensiones. Partido Popular y Podemos, que suman mayoría en el Pacto de Toledo, rechazaron ayer mantener más reuniones antes de la disolución del Congreso y aplazaron hasta la próxima legislatura el acuerdo sobre la sostenibilidad de las prestaciones.

El resto de partidos, también alguno de los que forman parte de la coalición que lidera Pablo Iglesias, criticaron la postura de las dos formaciones que pincharon de la noche a la mañana la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Los grupos ligaron el descarrilamiento del Pacto de Toledo a la cercanía de las elecciones. El PNV, que había planteado acelerar el calendario precisamente para aprobar ya las recomendaciones y evitar que una nueva composición parlamentaria diera al traste con el consenso alcanzado, acusó tanto al PP como a Podemos, de no saber “anteponer los intereses de los pensionistas a los suyos propios”. Y en general cundió la sensación de que más de dos años de trabajo se han ido por un sumidero destapado con los cálculos electorales.

El acuerdo estaba más cerca que nunca. De hecho, los partidos tenían previsto reunirse mañana jueves de cara a elevar sus recomendaciones al Pleno de la próxima semana, el último de la legislatura. Sin embargo, Podemos anunció ayer por sorpresa que iba a presentar votos particulares a casi todos los puntos del preacuerdo. Se sabía ya que la formación confederal iba a oponerse a las recomendaciones sobre la edad de jubilación, la contributividad del sistema o la necesidad de impulsar los planes de pensiones privados. Sus nuevas objeciones afectaban a cuestiones tan sensibles como la financiación o la ampliación del periodo de cálculo de la jubilación más allá de los 25 años cotizados a los que se avanza tras la última reforma. Básicamente la piedra angular del nuevo modelo.

Las “diferencias mínimas” de la víspera pasaron a convertirse en un muro insuperable y la portavoz de Unidos Podemos, Aina Vidal, rechazó seguir debatiendo -“Sería un circo, no sería favorable al propio Pacto de Toledo”- y planteó la necesidad de disolver la comisión parlamentaria -“Creo que hasta aquí hemos llegado”-. Tras asegurar que “las prisas no son buenas consejeras”, Vidal añadió que hay cuestiones de fondo que “siguen abiertas” y mostró su preferencia por poner punto final a los trabajos. La respuesta del PP dio la puntilla al Pacto de Toledo. Para Gerardo Camps “corresponderá a otro Congreso” alcanzar un acuerdo: “No creemos que haya que convocar una Mesa para que se pongan más de manifiesto las diferencias entre los grupos políticos”.

El resto de partidos consideraron que las exigencias de Podemos habían dado a los populares la excusa que buscaban para tumbar el consenso alcanzado. El enfado con ambos partidos fue palpable. La portavoz PSOE, Mercè Perea, consideró una “falta de respeto al consenso y a la democracia” que Unidos Podemos planteara nuevos votos particulares y que el PP “aproveche la estela para presentar el programa electoral”. Tras criticar a la formación de izquierdas por su “acto de irresponsabilidad”, Carles Campuzano, del PDeCAT, afirmó que “las distancias no eran insalvables” y “el trabajo estaba suficientemente maduro”.

El portavoz del PNV, Iñigo Barandiaran, advirtió de que “deshacer [el acuerdo] ahora supone también frustar que en el futuro este grado de avance sea posible”.

También cargó contra la postura del grupo confederal una de las formaciones que le acompañó en las pasadas elecciones, Compromís. “Cuando un partido político que se dice del cambio viene y rompe en el Pacto de Toledo sin ningún tipo de argumentación, porque le da absolutamente la gana, no se entiende”, dijo su portavoz, Ignasi Candela.

“Ha sido una sorpresa que nos vengan hoy con estas”, reconoció el portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo. “Todo parecía indicar que se podía llegar a un acuerdo. El populismo al final ha roto el Pacto de Toledo”, dijo. El representante del PP no desaprovechó la oportunidad de señalar a Pedro Sánchez como el “primer” responsable del fracaso del Pacto de Toledo por convocar las elecciones el próximo 28 de abril.

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