Los inspectores de Hacienda proponen elevar a 600.000 euros el delito fiscal

Donostia - La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha propuesto incrementar, desde los 120.000 euros actuales, a 600.000 euros el tipo penal del delito frente al erario público. Ello supondría modificar el artículo 305.1 del Código Penal, que pena el delito fiscal con prisión de uno a cinco años y multa del séxtuplo de la cuantía defraudada. Actualmente existe en el artículo 305 bis un tipo agravado del delito fiscal que contempla una pena de dos a seis años y multa de entre el doble y el séxtuplo de lo defraudado si la cuantía ocultada a la Hacienda pública excede de 600.000 euros.

La propuesta choca diametralmente con lo planteado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que abogó el mes pasado por disminuir a 50.000 euros la cantidad mínima por la que una persona puede ser condenada por delito fiscal, así como por elevar el número de años de prisión.

En su informe Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendaciones, IHE considera que “aunque la cifra de 120.000 euros que hay que sobrepasar pudiera parecer elevada, la realidad es que hay miles de expedientes que saturan los juzgados de lo penal por causas de delito fiscal”. Ello provoca, añade, que “cuando recae sentencia, las posibilidades de cobro son nulas”. Asimismo, advierte de que, con la regulación actual, cuando entran en juego atenuantes, las penas que están próximas al umbral del tipo penal “suelen ser castigadas con multas inferiores en ocasiones a las que recaerían en el ámbito administrativo, sin llevar aparejado el ingreso en prisión”. Es decir, señalan los inspectores, “el reproche jurídico es menor” que si las actuaciones se llevaran a cabo por la Agencia Tributaria.

Elevando a 600.000 euros la frontera de fraude a partir de la cual se consideraría que existe delito fiscal se distinguirían, según los inspectores de Hacienda, los casos graves -que conllevarían el ingreso en prisión automático- de los menos graves, que se rebajarían penalmente y se les aplicaría el procedimiento administrativo inspector.

La organización de inspectores también plantea la introducción de otro cambio sustancial en el Código Penal. Consistiría en considerar los delitos fiscales de un contribuyente como delitos continuados para que así se puedan sumar todas las cuantías defraudadas. De ese modo, al juntar todas las cantidades se superaría más fácilmente la cifra de 600.000 euros que proponen, en lugar de hacerlo ejercicio a ejercicio, como establece ahora la normativa. IHE pone un ejemplo: “Un contribuyente que defraude cada año 119.999 euros no sería enjuiciado, a pesar de que en cinco años podría haber defraudado casi 600.000 euros”. Al hilo de esto último, los inspectores piden también que se aumente el plazo de prescripción del delito fiscal, pasando de cinco a seis años.

“Zonas negras” La organización IHE -formada por unos 1.400 inspectores- propone además que determinadas actividades consideradas ilícitas se incorporen al sistema tributario no para formar parte del grueso recaudatorio, obviamente, pero sí para identificarlas y analizarlas de cara a una posible legalización. Es decir, lo que plantea es examinar las denominadas “zonas negras” de la economía, en las que gran parte de las rentas y consumos generados no son declarados al fisco.

Los inspectores fiscales se refieren, principalmente, a la prostitución y al tráfico de drogas blandas. Respecto a la primera de esas actividades, IHE recuerda que mueve unos 18.000 millones de euros al año en el Estado español y estima que una buena parte de esa cifra no es declarada a Hacienda, lo que supondría una pérdida de unos 5.000 millones de euros anuales de recaudación. Algo similar, señalan, sucede con el tráfico de drogas blandas, aunque con un volumen de negocio inferior.

Los inspectores de Hacienda consideran que se debería plantear un debate “público, crítico, objetivo, honesto y responsable” sobre esas actividades que, “no son ejemplares” pero podría llevarse a cabo “su posible despenalización e incorporación a la economía legal”. Los inspectores proponen que se evalúe sistemáticamente el importe y características de esas actividades ilegales de la economía española -que el Instituto Nacional de Estadística ya ha incorporado a la contabilidad del Producto Interior Bruto- para controlar el fraude fiscal que conllevan.