bilbao. Los representantes de dos de las empresas que supuestamente fueron favorecidas por el exjefe de Inspección de la Hacienda foral de Bizkaia, Juan Ramón Ibarra, aseguraron ayer ante el juez que no lo conocían y que en ningún momento intentaron eludir la ley. En la tercera jornada del juicio contra Ibarra, en el que se le acusa a él y a tres subordinados suyos de haber aprovechado su puesto en Hacienda para favorecer a más de 200 contribuyentes, también fueron llamados a testificar tres funcionarios compañeros de los acusados, que afirmaron no haber apreciado nada sospechoso en el sistema de trabajo implantado por Ibarra.
Tras la declaración del principal imputado el pasado martes, cuando éste dijo que no actuaba por libre y que "siempre contrastaba" con el director de Hacienda, Javier Muguruza, "lo que había que hacer", ayer fueron llamados a testificar los primeros de los 130 testigos solicitados en el juicio. Los primeros en hacerlo, tres funcionarios de Hacienda, negaron haber visto nada sospechoso afirmando además que su exjefe no actuaba con ocultismo. Según ellos, "era público" que Ibarra tenía asignados una serie de contribuyentes de cuyas gestiones había que informarle previamente.
"dentro de la ley" Tras los funcionarios comparecieron dos de los empresarios supuestamente favorecidos. Uno de ellos, un miembro del consejo de la empresa Laminados y Derivados, cuyos 35 contribuyentes se encontraban en la lista de Ibarra, relató que fue una asesoría la que gestionó el pago de la plusvalía de la venta del grupo "para pagar lo mínimo dentro de la ley".
El empresario añadió que la compañía solicitó a Hacienda hacer sus declaraciones de manera confidencial porque algunos de sus miembros estaban "amenazados", pero negó conocer personalmente a Ibarra y recalcó que la empresa "nunca intentó buscar un trato de favor". El otro empresario citado ante el juez, un miembro del Grupo Aguinaga Llantada, con 45 empresas contribuyentes implicadas en el caso, aseguró que desconocía la actuación de sus asesores con Hacienda.
El juicio continúa hoy y está previsto que concluya el 10 de marzo. La Audiencia Provincial de Bizkaia tiene que dilucidar si Ibarra es culpable o no de delitos de prevaricación, falsificación e infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y desobediencia, por los que se enfrenta a 11 años de cárcel y una multa de 800.000 euros.
