A menos de dos meses del comienzo de los Juegos Olímpicos, Estados Unidos recomienda que no se viaje a Japón bajo el pretexto de la situación pandémica que se vive en el país nipón, donde las zonas más pobladas, incluido Tokio, se encuentran en estado de emergencia -al menos hasta el 31 de mayo- debido a la cuarta ola de coronavirus, y solo un 5% de una población de 126 millones de personas ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna.
"Debido a la situación actual, incluso los viajeros completamente vacunados pueden correr el riesgo de contraer y propagar variantes del covid-19 y deben evitar todos los viajes a Japón", han pronunciado las autoridades estadounidenses. Al respecto, cabe recordar que los organizadores de los Juegos ya denegaron el acceso a las gradas al público extranjero, y en junio se decidirá si se permite el acceso al nacional.
La decisión adoptada por Estados Unidos es un caldo de cultivo para la facción partidaria de cancelar los Juegos, que comienzan el 23 de julio. Según una encuesta realizada hace menos de dos semanas por el periódico Asahi, el segundo más popular del país, el 83% de la población japonesa es partidaria de que los Juegos no se celebren o se pospongan, en gran medida por el temor a que pueda tener un impacto sobre el número de infecciones y, en consecuencia, sobre un sistema sanitario que ya está cerca del colapso. El 43% considera que la cita debe ser cancelada y el 40% opina que hay que aplazarla de nuevo.
A pesar del rechazo popular, el Gobierno japonés ha restado importancia al mensaje estadounidense, asegurando que no tendrá impacto sobre el evento. El ministro Katsunobu Kato ha afirmado que "no hay cambios sobre la postura" de Estados Unidos, un país que, según ha afirmado, "apoya la decisión de realizar los Juegos de Tokio". "Tampoco tiene relación con el envío de la delegación olímpica -estadounidense- a los Juegos", ha añadido.
Hoy mismo se ha conocido el precio de una posible cancelación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El coste para Japón sería de 13.560 millones de euros, según estimaciones del Instituto de Investigación Nomura. No obstante, se advierte de que "estas estimaciones sugieren que una decisión sobre si celebrar los Juegos o no, así como si limitar los espectadores, debe tomarse en función del impacto en el riesgo de infección, no desde el punto de vista de las pérdidas económicas".
Por otro lado, la organización de los Juegos ha solicitado ayuda gubernamental para el envío de personal médico del ejército a fin de poder cubrir las necesidades del evento.
